CiU, la formación nacionalista catalana que ocupa actualmente la Generalidad y que, según la mayoría de las encuestas, ganará las próximas elecciones autonómicas acercándose a la mayoría absoluta, se ha visto implicada en los últimos tiempos en numerosos casos de corrupción.
Ya durante los años 80 el caso Banca Catalana puso a Jordi Pujol contra las cuerdas y motivó una reacción nacionalista con manifestaciones y una subida de la tensión. Ahora podría estar repitiéndose el mismo esquema.
Caso Palau
El partido de Artur Mas está implicado de lleno en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas en Cataluña, con el desvío de más de 30 millones de euros de los fondos públicos del Palau de la Música. El juez que investiga el saqueo al Palau de la Música declaró a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como responsable civil "a título lucrativo" y exigió que depositara una fianza por valor de 3,2 millones de euros, bajo la amenaza del embargo de sus bienes.
Este mismo lunes hemos conocido que un informe policial elaborado para el juez que investiga el caso del Palau de la Música de Barcelona responsabiliza directamente a CDC de ser el gran beneficiario del expolio económico de la institución musical. El documento señala diversas transferencia que serían, como mínimo, de 5,9 millones de euros entre 2002 y 2008.
El dinero se habría entregado por diversas vías, una de ellas de forma opaca y en efectivo, a los dos responsables de financias de CDC durante esos años, Carles Torrent y Daniel Osácar. También llegó a través de cuantiosas "donaciones" a la Fundación Trias Fargas, directamente vinculada al partido. Las "donaciones" llegarían desde las más importantes constructoras de España y se harían bien al Palau bien a la fundación, como comisión por la licitación de obra pública.
Caso Pretoria
Se denominó así a una trama de corrupción urbanística que salpicó a diversos ayuntamientos de la provincia de Barcelona y ex altos cargos del gobierno de CiU en Cataluña. Fueron detenidos, entre otros, el alcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz (PSC), el concejal de Urbanismo Manuel Dobarco (PSC), el ex consejero de Finanzas de la Generalidad de Cataluña Macià Alavedra (CiU) o el ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta (CiU).
Trama de las ITV
Un informe de la Agencia Tributaria situó al secretario general de CDC, Oriol Pujol, como "colaborador necesario" de la trama empresarial que en Cataluña supuestamente intentó amañar los concursos de concesiones de las ITV.
El documento sitúa también como colaborador necesario al que fue director general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalidad entre 1994 y 2004, Josep Tous, que el pasado marzo dimitió como número dos de la Diputación de Barcelona, tras ser detenido por su implicación en esta trama.
Oriol Pujol sería, siempre según el citado informe de Hacienda, "el hombre encargado de aportar la influencia política y de procurar realizar los movimientos oportunos, en concreto en la subdirección de seguridad industrial".
La juez Silvia López Mejía abrió diligencias sobre esta supuesta trama corrupta el pasado verano, a raíz de unas conversaciones intervenidas en el caso Campeón -en el que se investiga por cohecho al exministro José Blanco- que apuntaban a un posible tráfico de influencias en la concesión de los servicios de la ITV en Cataluña.
Escándalos en sanidad
El expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exdirector de la empresa municipal del Ayuntamiento de Reus, Innova, Josep Prat, y el exdirector del Servicio Catalán de la Salud, Carles Manté, declararán el próximo 22 de noviembre como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus por los pagos -injustificados, según el Ayuntamiento de Reus- que Innova hizo a Manté entre 2007 y 2011 por un total de 720.120 euros, IVA excluido.
Por otra parte, el llamado informe Crespo destapó cobros irregulares del exalcalde de Lloret y actual diputado de CiU, Xavier Crespo. El documento mostraba un negocio de 2,4 millones de euros hecho a costa del dinero público de la Corporación de Salud de la Selva y el Maresme que benefició durante cinco años a médicos, gestores y dos ediles.
Por último, el grupo de alimentación para colectividades Serhs, propiedad del exalcalde de Calella por CiU y alto cargo de la sanidad catalana, Ramón Bagó, está siendo investigado por acaparar contratos de forma irregular en Badalona por más de 12 millones de euros desde 2003.