Este viernes se dicta la sentencia del caso Malaya, un juicio que comenzó e 27 de septiembre de 2010, hace más de tres años, y que ha tenido casi 200 sesiones. Según la agencia Efe, la sentencia tendrá 5.000 folios, de los que varios centenares corresponderán únicamente a los hechos probados y estará provista de un índice.
El tribunal lo han formado por José Godino, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald. Se conocerá este viernes alrededor de las 11:00 horas y se dará a las partes en soporte informático. Se refiere, como es sabido, al "saqueo" político de la economía pública de Marbella, ayuntamiento que fue disuelto en 2006, y cuyos orígenes se sitúan en la gestión de Jesús Gil, sus sucesores e incluso una facción del PSOE, con los aditamentos de famosos personajes del mundo del espectáculo y los negocios.
Tras el juicio, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación para 86 de los 95 procesados iniciales y llegó a un acuerdo con tres. La instrucción del caso, tras el primer estallido periodístico, como suele ocurrir, comenzó a finales de 2005 y las primeras detenciones tuvieron lugar en 2006. Tras los 200.000 folios del sumario, tuvo lugar el juicio y en sus 199 sesiones han declarado 400 testigos y peritos. Dos de los imputados han muerto durante la instrucción o el juicio, el galerista de arte Jean Fournet, proveedor de José Antonio Roca, y el tasador municipal José Mora Igeño.
Como noticia sorprendente, cabe aludir a la "fuga" de tres imputados que siguen en paradero desconocido. Se trata de los ediles Carlos Fernández y Javier Lendínez, y el empresario José Manuel Llorca Rodríguez.
La Junta de Andalucía, además de realizar numerosas obras públicas para facilitar el acceso al Tribunal y a la sala del juicio, ha desembolsado para este juicio más de 621.000 euros en diverso material como videograbadores, procesos de telemetría y de digitalización. La plantilla de la Audiencia Provincial de Málaga, donde tiene lugar el juicio, ha incrementado su plantilla en cinco personas.
Penas pedidas
509 años de prisión por diversos delitos para los inculpados, 30 años para el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca y multas por valor de más de 4.000 millones de euros y diversas responsabilidades civiles.
Se ha retirado la acusación sobre nueve de los imputados, una de ellos la hija de Roca, María Roca Jimeno. Dos empresarios ya fueron condenados por llegar a un acuerdo previo con la Fiscalía para rebajar sus penas a cambio de colaboración.
Juan Antonio Roca y Julián Muñoz son los que han permanecido en la cárcel en situación de prisiòn preventiva hasta el final. Cuatro años, el máximo permitido legalmente,ha estado Roca a los que hay que añadir los seis años y diez meses que le cayeron por el caso «Saqueo I», a la espera de que el Supremo estudie el recurso por el caso Minutas, en el que fue sentenciado a una pena de otros cuatro años.
El exalcalde Julián Muñoz ya estuvo una vez en la cárcel y volvió a ella en el mes de abril de este año como consecuencia del llamado caso Pantoja, una pieza separada del caso Malaya por el que fue condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales y cohecho pasivo.
El saqueo
La Policía fijó los bienes sustraídos o malversados en 2.400 millones de euros pero estimaciones posteriores redujeron lo aprehendido en los casos Malaya, Saqueos I y II o Minutas a unos 500 millones de euros, si bien se desconoce el montante real.
Sólo el imputado Roca logró disponer de un patrimonio tasado en 200 millones de euros y entre 1997 y 2005 adquirió propiedades inmobiliarias por valor de 136 millones, entre las que destaca la finca La Caridad, en San Pedro Alcántara.
19 constructores encausados están acusados de pagar más de 30 millones de euros en sobornos. De ellos, seis millones fueron destinados por Roca a "untar" a catorce concejales y tres exalcaldes: Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones.
Ladrones, políticos, espectáculo
El caso Malaya es el referente nacional de la corrupción urbanística con un procedimiento estándar que ha sido muchas veces usado en casos menores. Políticos municipales y empresarios del ramo se ponen de acuerdo para enriquecerse mutuamente. Los primeros allanaron el camino administrativo a las pretensiones de los segundos a cambio de mordidas suculentas de dinero, sobre todo por la vía de los convenios urbanísticos firmados al margen de la legalidad y sin tener en cuenta los planeamientos urbanísticos ni los intereses públicos.
El espectáculo vino servido por la presencia de Isabel Pantoja y el juego de las televisiones en el morbo generado por adulterios, mansiones, negocios, toros, peregrinaciones rocieras y demás fanfarria, sin olvidarnos de piezas ocultas y conversaciones amorosas entre ejecutivas y políticos.
Ese fue el modo de actuación y el legado de Jesús Gil y su partido, el GIL, desde su primera elección como alcalde en 1991. En los años siguientes, Marbella fue deslizándose desde su carácter de mejor ciudad costera del Mediterráneo a fortaleza pirata sin ley ni orden. Tras unos años convulsos, con Jesús Gil en la cárcel en 1999, el 29 de marzo de 2006 la trama de Marbella se constituyó en caso judicial con el resultado que se sabrá hoy con la sentencia que dictará el Tribunal durante la mañana.