Apenas se sobrepasaban las diez y media de la mañana cuando un señor de paisano se acercó a la puerta de una de las casas de UGT en la calle Antonio Salado, la que tiene el 9 por número. Ante la casa que lleva el número 10-12, en la acera de enfrente, otros caballeros se acercaban y esperaban. El primero llamó a la puerta y preguntó por el responsable actual de la organización, Manuel Ferrer, que en aquellos momentos no se encontraba allí, según le dijeron.
Se presentó como miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y ante la indecisión del administrativo de UGT que le atendía, sacó la placa y la puso delante de los ojos del empleado que, a la vista de los hechos, optó por llamar al único responsable de UGT Andalucía que estaba en ese momento en la sede, José Carlos Mestre.
- ¿Meli? Que está aquí la Guardia Civil y pregunta por José Carlos. Dile que baje, que van a registrar todas las dependencias
- Venga ya, tío, déjate de cachondeo.
- Meli,, que le digas a José Carlos que baje.
- Que no me gastes estas bromas por la mañana.
En ese momento, al comprobar que no se creían que fuera cierto, el guardia civil de paisano le dijo al administrativo que lo dejara, que subiría él mismo con su permiso, cosa que hizo a continuación, A partir de ese momento, comenzaba el primer registro judicial de la sede de una organización sindical en la España democrática.
El registro no se limitó a esta sede, sino a la situada en la acera de enfrente y además, se registraron las sedes de varias empresas de UGT como Soralpe I mas P, cuya propietaria es UGT confederal, Geosur, Arquitectura y Urbanismo, donde aparecen como consejeros varios sindicalistas ex miembros ahora de la Ejecuiva de UGT-A, el ex alcalde de Sevilla, Manuel del Valle Arévalo y su hija, María Luis y Proyectos Inmobiliarios Novasur, cuyo socio único es Soralpe, estando su consejo plagado de altos cargos de UGT.
Por si fuera poco, la Guardia Civil estuvo especialmente atenta a las Federaciones Profesionales de UGT, especialmente a la de Servicios Públicos que asimismo fue registrada.
En todo el registro, se buscaron archivos informáticos, documentos y relaciones vinculadas con el negocio de la formación. Tras unas horas, se dejó salir al personal que había dentro de las sedes no sin antes pedirle el número de las claves de sus ordenadores y sus números de teléfono por si había alguna incidencia y fuera necesario llamarlos.
El registro de la Guardia Civil implica un estudio concienzudo de las actividades formativas de UGT que, como ya se ha publicado, parte de la propia organización y llega a la empresa Soralpe I mas P, relacionada con el Instituto de Formación y Estudios Sociales, que tiene relaciones con el negocio inmobiliario de UGT y con las Federaciones, que son el cauce de los cursos de formación.