Al menos, por ahora, ya que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al incidente de nulidad planteado por la Junta de Andalucía para que la juez Mercedes Alaya deje de investigar el presunto fraude de los cursos de formación y ha reiterado que la magistrada es competente para instruir este procedimiento. En un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se opone a la petición de nulidad formulada a finales de octubre por la Junta de Andalucía por considerar que se ha realizado "sin concretar cómo o dónde se le causa la indefensión".
Consecuentemente, la Fiscalía considera competente a la juez Mercedes Alaya porque, a su juicio, "no se han vulnerado las normas de reparto" y la magistrada "actuó correctamente" deduciendo testimonio e incoando diligencias tras recibir el oficio de la Guardia Civil referente a las declaraciones del jefe de departamento de Formación Profesional en Sevilla, Teodoro Montes, en agosto de 2013.
De este modo, la Fiscalía Anticorrupción no se suma a nueva ofensiva de la Junta que pretendía apartar a la Junta de dos casos emblemáticos, el de la operación Enredadera-Madeja para que pasase a manos de la Audiencia Nacional" porque se investiga en distintas provincias y comunidades españolas, y el de la trama de los fondos de formación.
En este último asunto, la Junta consideraba que el que la juez Alaya instruyera el macrocaso de la trama de la formación profesional vulneraba el derecho al juez natural predeterminado por ley. En este intento, participan el consejero de Llera y el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.
La Junta argumentó su posición aludiendo a que el ex jefe del servicio de los cursos de formación, Teodoro Montes declaró que acudió al juzgado de la juez Alaya en el verano de 2013 y que desde allí se le indicó que fuese a la Guardia Civil, que le tomó declaración como testigo.
Luego, los agentes le entregaron copia de su testimonio a la juez Alaya que abrió la causa. Según El País, el caso no fue a reparto en el decanato de los juzgados como es habitual. de haberse hecho así, cualquier otro juez podría haberse encargado de las actuaciones..
De manera casi simultánea, el ex consejero de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, se sumó a la postura de la Junta, que, como en otras ocasiones, abre el camino a las defensas de los imputados por la juez Alaya. En este caso, la defensa de Ojeda consideró que la causa debe ser anulada "por existir resoluciones dictadas por un órgano judicial distinto al que le hubiera correspondido por normas de reparto", en función del artículo 68.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Lorenzo del Río, presidente del TSJA, también criticó el inicio de la causa de los cursos de formación porque Alaya, al evitar presentar el testimonio de Montes para reparto entre los jueces o al Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla, que había archivado la denuncia del mismo funcionario de la Junta años atrás, podría haber vulnerado el derecho al juez natural predeterminado por ley. "No es el procedimiento normal", sentenció.