El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, planteó este lunes a la Agencia Tributaria la posibilidad de emprender acciones como perjudicada por los presuntos delitos fiscales detectados por parte de la empresa Unifica en las obras de reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova. Lo hizo tras conocer un nuevo informe de la Unidad de Auxilio de la Agencia Tributaria (AEAT-ONIF) en el que analiza la documentación correspondiente a trabajos y obras ejecutados por Unifica Servicios Integrales, empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado en la causa en la que se investiga la supuesta existencia de una caja B en el PP.
A la vista de este informe y otros aportados a la causa sobre las obras de reforma de la sede el PP, Ruz observa que podríamos encontrarnos, entre otros, "ante uno o más delitos contra la Hacienda Pública", por lo que la Agencia Estatal de Administración Tributaria figuraría como perjudicada por los mismos. De ahí que le proponga el ofrecimiento de acciones, a través de la Abogacía del Estado.
En esta misma providencia, el juez cita a los peritos de las Unidades de Auxilio judicial de la AEAT-ONIF y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) los días 9 y 11 de febrero para que ratifiquen los informes que han emitido sobre este asunto.
En un informe del pasado mes de octubre, la Agencia Tributaria elevaba en 1,7 millones de euros el dinero en negro que supuestamente pagó el PP por las obras de reforma de su sede nacional en la calle Génova, al constar que en 2006 pagó con 750.095 euros procedentes de "fondos ajenos al circuito económico legal" las obras en la planta baja.
Ese informe ampliaba otro anterior en el que Hacienda analizaba en primer lugar, al no estar prescrito en esos ejercicios el delito fiscal, la facturación por las obras ejecutadas de 2008 en adelante en otras plantas y en las que también constató diferencias entre las cantidades que figuran en las facturas requeridas al partido por esos trabajos y las incautadas a la empresa Unifica. Según ese informe, esas diferencias de facturación fueron de 211.160 euros en la segunda planta, de 256.426 en la tercera, de 217.879 en la cuarta y de 274.880 en la quinta.
Esas cantidades sumaba 960.345 y a eso se añadieron después los 750.095 euros de diferencia en facturaciones en la planta baja, lo que equivale a un total de 1,7 millones de euros, superando en 812.000 euros, los 888.000 euros que el extesorero Luis Bárcenas reflejó en la contabilidad paralela como pagos a Unifica.
El contenido del informe definitivo
El último informe, que cita este martes el diario El Mundo, recopilaría los datos anteriores y concluiría que los socios de Unifica cometieron hasta tres delitos fiscales por no declarar pagos en B. Los cooperadores necesarios serían Luis Bárcenas y el gerente del PP, Cristóbal Páez. En el documento se constataría que se habría rebasado la cuota de 120.000 euros a partir de la cual existe delito fiscal.
A falta de conocer el contenido íntegro del mismo, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha asegurado que el presunto delito fiscal detectado por la Agencia Tributaria lo habrían cometido los arquitectos.
En el foro Aragonex, Ferre ha dicho que los empleados de Hacienda ejercen su trabajo con independencia y trabajan para el juez, sin interferencias políticas ni del Gobierno.
Ahora falta saber si Hacienda, es decir, el Gobierno, decide acusar al PP en la causa. Algunos medios dan por hecho que sí.