La polémica en el Tribunal Supremo está servida. En esta ocasión se debe a que las obras de la nueva sede de la Audiencia Nacional, ubicada en la céntrica calle Génova de Madrid, han obligado a reducir la disponibilidad de plazas con las que cuenta actualmente el personal del Alto Tribunal -magistrados, fiscales, secretarios y funcionarios del órgano - para estacionar de forma gratuita sus vehículos en la plaza de la Villa de París.
Hasta el momento, dicho aparcamiento al aire libre es utilizado por los vehículos oficiales con los que cuentan los miembros de la Sala de Gobierno, un reducido número de vehículos del parque móvil asignado al Supremo y los coches particulares de los distintos trabajadores del Tribunal (jueces, funcionarios, secretarios, etc). Sin embargo, a partir del próximo martes no se podrá estacionar en dicho aparcamiento.
La principal razón es que los vecinos del madrileño barrio de Justicia protestaron al conocer que la nueva sede de la Audiencia sería de mayores dimensiones respecto al anterior edificio y que, por lo tanto, ésta ocuparía parte de dicha plaza. Las protestas de los vecinos llevaron al Ministerio de Justicia a ofrecer ampliar las dimensiones de la plaza utilizando para ello el aparcamiento que corresponde al Supremo que desaparecerá por las obras en las próximas semanas.
Preocupación en la Sala de Gobierno
Aunque el asunto puede parecer menor, el Ministerio que dirige Rafael Catalá lleva seis meses en negociaciones para solventar este problema que ha sido abordado, incluso por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, según ha podido saber Libertad Digital.
El vicepresidente del Supremo Ángel Juanes, encargado de solucionar este asunto, ha tratado de mantener la misma disponibilidad de plazas con las que cuenta el personal de este órgano actualmente pero no ha sido posible, entre otras cosas, porque el Alto Tribunal se encuentra ubicado en una zona privilegiada de la capital donde el espacio para estacionar vehículos es escaso al ser pleno centro de Madrid.
Tras meses de negociaciones la solución que se ha adoptado es que el Gobierno -a través de Ministerio de Justicia- sufragará el coste de 57 plazas para magistrados del Alto Tribunal en el parking Villa de París y otras 27 plazas del parque móvil en el aparcamiento del edificio Colón, próximo a la nueva sede de la Audiencia Nacional.
En total, el Ministerio de Justicia asumirá un coste anual de 113.490 euros en plazas de aparcamiento para los magistrados. Habrá coches oficiales -los 27 vehículos del parque móvil- pero también se pagará el aparcamiento de vehículos particulares de los jueces.
Fuentes del Ministerio y del Tribunal Supremo consultadas por LD explican que se ocupará una planta y media del parking Villa de París -ubicado a escasos metros de la sede judicial- y 27 plazas en el edificio Colón solo y exclusivamente por "motivos de seguridad".
"Desigualdad con los funcionarios"
Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de polémica. En primer lugar, porque la Sala de Gobierno planteó la "necesidad" de hacer llegar al Ministerio de Justicia que se debían "mantener la misma disponibilidad de plazas con las que se había contado hasta ahora".
También hay descontento en la Policía que consideraba que las plazas del aparcamiento de la Villa de París debían ser para estacionar los vehículos de protección dinámica de los magistrados pero también para los coches que ejercen el denominado servicio de contravigilancia. Según recoge el acuerdo de la Sala de Gobierno -al que ha tenido acceso este diario fechado el pasado 14 de enero-, el jefe de la Comisaría Especial en el CGPJ, Supremo y Audiencia Nacional, Mario Jiménez, aconsejó en un primer momento que dichas plazas "fueran destinadas a los vehículos policiales que dan servicio a la Audiencia Nacional".
Sin embargo fuentes policiales consultadas por este medio puntualizan que, en realidad, se trataba de los vehículos oficiales -exclusivos o compartidos- que tiene asignada la Comisaría del Poder Judicial y cuya utilización no es "en absoluto exclusiva" de los magistrados de la Audiencia Nacional. Entre otras cosas, porque esos vehículos también dan cobertura a los miembros del Supremo y del CGPJ.
Por otro lado, hay cierto malestar con el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia deje fuera a los funcionarios del Alto Tribunal. La magistrada de la Sala Tercera Margarita Robles envió esta semana un escrito a Ángel Juanes señalando que esta situación "genera una desigualdad en modo alguno aceptable" entre los jueces y el resto del personal del Supremo.
Asimismo, Robles puso de manifiesto en su escrito que "no deben ser los contribuyentes españoles, los que a través de sus impuestos, satisfagan el importe de dichas plazas" y que ella se ofrecía a pagar de su bolsillo su nueva plaza de aparcamiento. Algunos de sus compañeros ven con recelo esta iniciativa ya que consideran que podrá en evidencia al resto de magistrados que sí quieren que el coste de su plaza de aparcamiento lo asuma el Gobierno.
Por su parte, desde la vicepresidencia del Supremo y el Ministerio de Justicia explican a este periódico que se ha tratado de solventar el problema de la "mejor forma posible" pese a que "nadie" esté contento.