A principios de septiembre, dos meses después del fin del plazo que fija Hacienda para proceder a la declaración fiscal anual y tres meses largos después de la celebración de las elecciones andaluzas, en la web oficial del Parlamento andaluz no aparece ni una sola declaración de actividades, bienes e intereses de los diputados. Es más, en la propia página web se dice que todo está pendiente desde el pasado 20 de mayo de la Comisión del Estatuto del Diputado. Tampoco lo hacen los partidos, sindicatos y patronales. Eso sí, la palabra "transparencia" es una de las que más se ha repetido en Andalucía desde la entronización de Susana Díaz y, especialmente, desde el pacto PSOE-Ciudadanos que permitió su investidura.
Es preciso recordar que la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía obliga expresamente a publicar estas declaraciones. Según su artículo 11, apartado d, además de las incompatibilidades en que puedan incurrir y sus retribuciones e indemnizaciones o cesantías, el Parlamento está obligado a publicar "las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía".
El Parlamento andaluz ni siquiera tiene disponible las agendas de los diputados, ni, en muchos casos, la actividad profesional de los diputados.
Los organismos más transparentes son el Consejo Consultivo de Andalucía y el Defensor del Pueblo andaluz que sí aportan información detallada con alguna excepción.
Esto ocurre a pesar de que la Junta de Andalucía decidió crear un órgano específico dotado con personal específico para "vigilar" el cumplimiento de la ley.
De hecho, la Secretaría de la Transparencia, como se ha llamado, tiene capacidad para reclamar información a todos los departamentos de la Junta de Andalucía y, sobre todo, sobre los datos de los altos cargos, expediente o subvención que la administración andaluza haga público a través de su Portal de la Transparencia, que, como reconoció la Junta hace dos meses, tampoco funciona bien.
El control de la transparencia es tan fuerte que será el "consejillo" de la Junta, esto es, la reunión de los viceconsejeros, la que controlará estos datos. Su personal no será necesariamente seleccionado de entre los funcionarios. Pero se dio un plazo de seis meses para funcionar.
Pero la transparencia de la Junta de Andalucía debe ser una de las más opacas de España porque ni siquiera permite conocer, como destacó ABC, en qué y cuándo se gasta el dinero presupuestado desde la celebración de las elecciones en mayo de este año.
La indolencia de la Junta y sus instituciones parece haber contagiado a partidos políticos, organizaciones sindicales y patronal que están obligados a cumplir medidas de transparencia análogas a las que se impone la Junta de Andalucía. Según el artículo 5 de la ley establece estas entidades están obligadas a publicar la misma información que la Junta desde relaciones de puestos de trabajo con indicación de sus retribuciones anuales, el número de liberados, los procesos de selección de personal y sus presupuestos si quieren obtener ayudas de la Junta, como es siempre el caso.
Según el grupo Joly, ni el PSOE cumple con la obligación de informar sobre las cuentas del partido y se remite al Tribunal de Cuentas. El PP andaluz tampoco publica información relevante sobre sus ingresos y gastos. Izquierda Unida promete que lo hará en septiembre aunque ha publicado la declaración de bienes de 2013 del coordinador general, Antonio Maíllo.
Podemos asegura que en septiembre incluirá declaraciones de bienes de consejeros y parlamentarios regionales así como las donaciones que estos últimos realizan de sus salarios públicos. Ciudadanos, que firmó el pacto de investidura con el PSOE en el que la transparencia era un eje central, no cumple nada.
CCOO tiene datos actualizados a 30 de junio pero no incluye las retribuciones de su personal. UGT sólo ha publicado las de 2013, aunque también se refiere a septiembre como mes esencial. Es más, UGT dice que es imposible saber cuántos liberados tiene. Tampoco se conoce el sueldo del presidente de la Confederación de Empresarios (CEA), Javier González de Lara, ni el de otros directivos o ni las cuotas que pagan los socios.