El Partido Popular se ha acogido a su derecho a no declarar como imputado en el caso del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. Sí lo ha hecho este viernes su asesor jurídico, Alberto Durán, citado en la misma condición. El representante jurídico ha portado de alguna manera la postura oficial del partido. Según fuentes presentes en la investigación, Durán ha asumido ante la juez de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, la responsabilidad de aplicar en 2013 el protocolo de protección de datos. Dicho de otra forma, se atribuye la decisión de inhabilitar los equipos siempre asumiendo el reglamento interno de la formación.
Alberto Durán se habría limitado a leer un papel. Un documento que subrayaba la colaboración con la Justicia del Partido Popular, pese a que no ha respondido a las preguntas de las partes, y que insistía en que los ordenadores utilizados por Bárcenas estaban vacíos. En dicha nota, posteriormente difundida en forma de comunicado, el PP subraya su "escrupuloso respeto" hacia la ley y defiende la actuación de la gerente y tesorera del partido, Carmen Navarro, también investigada, así como del asesor jurídico Alberto Durán y el responsable del sistema de información, José Manuel Moreno. La acusación personada por Izquierda Unida y la Asociación Libre de Abogados ha consignado por escrito las cuestiones que iba a consultar con el asesor jurídico del PP.
La formación política ha alegado que, siguiendo los protocolos internos instaurados por Navarro en 2010, los ordenadores utilizados por Bárcenas, pero "propiedad" del partido, "fueron abandonados sin información, dato, archivo, registro o programa de ningún tipo". La investigación se encontró los aparatos destruidos a martillazos.
No fue orden de Cospedal
Fuentes jurídicas presentes en la declaración han explicado que Durán ha comentado que trabaja para el PP de una forma "autónoma" y que toma las decisiones con independencia. Por eso no pidió permiso para ordenar la entrada al despacho de Bárcenas, aunque habría reconocido que, en relación con el organigrama, debe dar explicaciones a la actual gerente Carmen Navarro, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y en última instancia a Mariano Rajoy.
Sobre la entrada en el despacho de Luis Bárcenas, se habría notificado posteriormente a Cospedal, según las mismas fuentes. No precisan quién notificó el aviso. En conclusión, la versión oficial del Partido Popular apunta al responsable informático José Luis Moreno como encargado del borrado, por orden del asesor jurídico Alberto Durán y bajo el protocolo que asume la gerente Carmen Navarro. La acusación pedirá que se presente copia de ese protocolo al que no da credibilidad e insiste en que los discos duros contenían información que certifica la supuesta contabilidad B del PP.
Barrero ya no está imputado
Antes de tomar declaración a Durán, la juez Rosa María Freire archivó la causa abierta por encubrimiento contra el antiguo jefe de los servicios informáticos del PP Javier Barrero, sustituido por José Manuel Moreno. En su auto, reconocía que Barrero "carecía de mando y responsabilidad" y "era ajeno" a la decisión de borrar los ordenadores. Ante la juez, Barrero explicó la semana pasada que, al estar de baja, no pudo participar entre abril y julio de 2013 en el borrado de los dos equipos que, según su versión, eran propiedad de Luis Bárcenas y no del Partido Popular. También negó que existieran protocolos internos para proceder al borrado de los ordenadores de la sede nacional del PP.