La Operación Púnica, cuya investigación avanza ya con la mayor parte del sumario desvelado, continúa extendiendo su zona de influencia. Un informe de la Guardia Civil apunta ahora a dos altos responsables en la Región de Murcia: el actual presidente, Pedro Antonio Sánchez, y la senadora del Partido Popular por la dicha comunidad, Pilar Barreiro. Los agentes de la Unidad Central Operativa creen que habrían cometido varios delitos de corrupción como malversación de caudales públicos y fraude a la administración. En ese documento que han presentado ante el juez que instruye la causa, Eloy Velasco, solicitan que se cite a ambos como imputados.
La Guardia Civil ha trasladado a la Audiencia Nacional indicios que probarían que tanto Pedro Antonio Sánchez, como consejero de Educación en Murcia durante la anterior legislatura, como Pilar Barreiro mientras era alcaldesa de Cartagena, contrataron con dinero público a uno de los empresarios más activos en la trama, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen en las redes sociales. Es exactamente la misma hipotética conducta que llevó ante la Justicia a los exconsejeros de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria y Lucía Figar.
En el caso del presidente murciano y la senadora Barreiro, por su condición de aforados tendrían que ser investigados en el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, respectivamente.
"Absoluta tranquilidad"
El Gobierno de Murcia ha negado a través de su consejera portavoz, Noelia Arroyo, cualquier relación de su presidente con la trama Púnica. Dicen afrontar "con absoluta tranquilidad" la aparición del informe de la Guardia Civil y subrayan su confianza en que "todo se aclare cuanto antes". Según Arroyo, "si hay que facilitar algún dato más, así se hará".
Es exactamente la versión contraria a la que sostienen los agentes de la UCO: que los sospechosos abonaron con fondos públicos contratos de limpieza de imagen que, en todo caso, debía haber sufragado el PP. Si el juez Velasco considera que existen indicios suficientes para investigar a Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro deberá elevar una exposición razonada a los tribunales donde permanecen aforados para que tomen la última decisión.
Intermediario en Cartagena
Como ya contó Libertad Digital, la Operación Púnica extendió sus tentáculos también en la Región de Murcia. La posibilidad de multiplicar el botín en territorio socialista animó al conseguidor a buscar un enlace ideológico. Según el contenido de la confesión del cabecilla David Marjaliza, esa persona fue Antonio Alonso Conesa, entonces alcalde de Cartagena (Murcia). Asumió el papel de intermediario en los presuntos ilícitos de Parla y Aranjuez y se benefició de las comisiones por la adjudicación de parcelas para la construcción de viviendas protegidas.
Marjaliza apunta a Alonso como el segundo eslabón del proceso de consecución de las adjudicaciones: "Siempre había una máxima: Si te gusta la magia, no preguntes el truco".