El Gobierno considera que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, podría "haber incurrido ya en un delito" por aprobar el pasado miércoles la resolución que inicia el proceso de desconexión de Cataluña con el Estado. Por eso, este viernes pidió al Tribunal Constitucional que investigue los pasos dados por Forcadell para remitirlos a la Fiscalía, que será quien decida si actuar o no contra la presidenta del Parlamento catalán.
Así lo explicó la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. El Ejecutivo considera que Forcadell está vulnerando una sentencia y un auto del Tribunal Constitucional a sabiendas y apunta que es la persona “claramente implicada y afectada” ya que lidera una institución que “incumple flagrantemente el Estado de derecho”.
Pero el Ejecutivo no solo apuntó a Forcadell. También pidió al Tribunal Constitucional que requiera personalmente tanto a ella como a los miembros de la Mesa de la Cámara catalana y al secretario general de este órgano que se abstengan de la realización de cualquier actuación que pueda dar cumplimiento de lo aprobado el pasado miércoles. Asimismo solicitó al TC que “prohíba expresamente” que el Parlamento catalán pueda reunir a sus diputados para que asistan a votaciones o debates relacionados con este asunto.
También hubo advertencias al Gobierno catalán. El Ejecutivo pide al Constitucional que requiera a Carles Puigdemont y a todo su equipo que eviten hacer cumplir la resolución bajo pena de multa económica, suspensión de sus funciones o, como en el caso de Forcadell, posibilidad de abrir la vía penal contra quien incumpla.
Todo esto incluido en un incidente de ejecución en el que se pide al Constitucional que, directamente, anule la resolución aprobada por la Cámara catalana. “No estamos solo ante un desafío institucional. Estamos ante un desacato”, subrayó la vicepresidenta. A juicio del Ejecutivo, la decisión del Parlamento autonómico se trata de una “vulneración” de la Constitución que supone colocar a la una institución “por encima” de la Carta Magna y eso no se debe permitir. Por ello, pidieron su “suspensión inmediata”.
Unos planes que trasladó el propio Mariano Rajoy a los principales líderes políticos a través de varias llamadas telefónicas. Ya lo hizo el miércoles cuando el Parlamento catalán tomó la decisión de comenzar con el proceso de ruptura y este viernes el presidente en funciones volvió a descolgar el teléfono para explicar a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias las medidas tomadas por el Ejecutivo. Conversaciones en las que no solo hablaron del desafío catalán. También aprovecharon para citarse la próxima semana en el Congreso para intentar desatascar la situación política que vive el país.