Tiempo de descuento en el juicio de las tarjetas black. Atendiendo al calendario elaborado por el Tribunal, habríamos asistido este viernes al "visto para sentencia". Las previsiones han fallado de nuevo en un procedimiento gobernado por la letra pequeña, en buena parte porque los 65 acusados están respondiendo con artillería jurídica y documental a una carga probatoria que consideran "manipulada". Y no es lo más grave. Carlos Aguilar, como abogado de Miguel Blesa y en su nombre, ha expresado un sentimiento de acoso y derribo que comparte el grueso de los componentes del banquillo: "Se consigue lo que la reina de corazones de Alicia en el país de las maravillas tenía como criterio muy utilitario: ¡Que les corten la cabeza! Ya tendremos tiempo de juzgarles".
El juicio agoniza en esta fase de conclusiones finales, trámite anterior a la última palabra de los acusados que pondrá el broche a unos tres meses de debate penal. En las dos primeras sesiones de la semana, de lunes y miércoles, las acusaciones trajeron a colación los mismos argumentos esgrimidos para procesar a aquellos exmiembros de Caja Madrid y Bankia que gastaron en total alrededor de 15 millones de euros con sus tarjetas de empresa. La Fiscalía Anticorrupción habló de pillaje y rapiña, Bankia de desatino y la Confederación Intersindical de Crédito, por ejemplo, de escándalo que abrió un agujero en las entidades. Aun así, el Ministerio Público –especialmente– redujo ostensiblemente sus pretensiones de condena para con los presuntos.
En el turno de réplica, la defensa de los acusados ha tomado la palabra con el letrado de Miguel Blesa a la cabeza. No solo ha denunciado la desproporcionada exposición mediática que ha laminado los derechos del banquillo, cuyos miembros "han visto arruinada su vida", teniendo que abandonar "su actividad profesional y empresarial". Además, Aguilar ha culpado de "faltar a la verdad" a quienes han definido este método de tarjetas como un sistema clandestino, puesto que los gastos estaban contabilizados del mismo modo desde 1988 hasta 2012. En ese tiempo, se sometieron al control de Hacienda y auditores externos e internos.
Desmonta a Terceiro
Existen actas, declaraciones de testigos e incluso contradicciones personales que resquebrajan el testimonio de Jaime Terceiro. Es el expresidente de Caja Madrid que instituyó las llamadas black, abanderado de la tesis de que los plásticos nacieron para cubrir gastos relacionados con la representación de la entidad bancaria –viajes, comidas, etc.– y que se "envilecieron" y destinaron a gastos personales cuando Blesa le sustituyó al frente. La Fiscalía y el resto de las acusaciones se asientan sobre esta base para imputar apropiación indebida a aquellos que dispusieron fondos de sus tarjetas para todo tipo de conceptos. Mientras que si, como defienden los componentes del banquillo, formaran parte del salario de los directivos, los gastos no precisarían justificación alguna y solo los miembros del Consejo de Administración se enfrentarían a una hipotética administración desleal.
"No se respeta a la verdad cuando se dice que las tarjetas no tenían número pin, porque lo tuvieron desde el primer día y desde el primer día se utilizaba en los cajeros. Terceiro dijo que con el pin se trazaba la aberración del sistema y sobre esa piedra construyó su tesis, pero es incierta y la piedra se le ha caído al suelo. Hubo pin desde el primer momento porque jamás se exigió justificación de gasto", ha alegado Aguilar, tal y como demostraron los documentos publicados por el diario El Independiente. La investigación acreditó que Blesa elevó el límite que los beneficiarios podían gastar con su tarjeta, extremo que ha justificado su letrado en la "multiplicación por 19" del balance de Caja Madrid.
Escandaliza a propios y a extraños que las acusaciones relacionen la práctica de las black con el rescate a Bankia. Aguilar ha explicado que las cantidades gastadas eran ínfimas en comparación con el valor de la entidad y ha pedido "juzgar los hechos de ayer con los ojos de ayer". Ignacio Ayala, el abogado de Rodrigo Rato, ha criticado en el mismo sentido que se esté juzgando "una época, un modelo, un concepto", que en este procedimiento se aplique un baremo "moral" y no jurídico.
"Pruebas manipuladas"
Carlos Aguilar ha solicitado la libre absolución para su cliente Miguel Blesa, que gastó 436.000 euros con su tarjeta black y se enfrenta a seis años de cárcel. Lo mismo ha hecho Ayala en relación a Rato, que como expresidente de Bankia se juega cuatro años y medio de cárcel por los mismos delitos: administración desleal y apropiación indebida, solo que él gastó 44.200 euros.
Ayala ha subrayado un aspecto polémico que se ha vivido en esta vista oral. Tanto Bankia por motivos obvios como el FROB a raíz del posterior rescate que necesitó la caja de ahorros se proclaman perjudicados y reclaman el cobro del dinero gastado con las tarjetas más una multa en concepto de indemnización. El letrado de Rato se ha lamentado de la "inseguridad" de las acusaciones por no ponerse de acuerdo ni siquiera en este detalle. "Uno de los dos sobraba", ha apostillado.
Y ha compartido el alegato de las "pruebas manipuladas". Carlos Aguilar ha atacado al informe de auditoría presentado por Bankia y elaborado por la auditora KPMG, que según su criterio no representa "una prueba legítima de cargo" porque su contenido no se ajusta a la realidad. Ayala se ha encargado del documento de Excel que recoge los gastos de los imputados con las tarjetas black: "Son meras fotocopias y no puede constituir un documento mercantil" o "no tiene garantía alguna", ha dicho antes de aclarar que ni la UDEF ni la UCO hubieran validado nunca este listado, con cientos de fallos reconocidos durante el procedimiento.
Aunque al mismo tiempo, Ayala ha desmarcado a su cliente Rato de la labor de Miguel Blesa, puesto que sus presidencias no fueron "siamesas" y, falle lo que falle el Tribunal sobre el nacimiento de las tarjetas, para evidenciar que el exministro no las instauró. Según el abogado, Rato recibió su black "como cualquier otro consejero de manos del entonces director general, Ildefonso Sánchez Barcoj". Su actuación se limitó a no tomar ninguna decisión al respecto, no evacuar informes y no modificar nada de lo que funcionaba hasta la fecha. Entiende Ayala que, como mucho, se le puede acusar de imprudencia.
El letrado José Antonio Jiménez Gutiérrez ha intervenido al final en representación de dos exconsejeros. Las largas exposiciones han obligado al Tribunal a suspender el juicio hasta el próximo miércoles 21. Van 18 sesiones y queda defensa para rato. Después, quien quiera, podrá hacer uso de la última palabra para lanzar un mensaje al público. Aunque todas las cartas están ya sobre la mesa del Tribunal.