La juez Carmen Lamela ha asumido la competencia de otro caso comprometido en Navarra. En este caso, la instructora de la Audiencia Nacional que conduce la investigación por la agresión a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas en la localidad de Alsasua recibe las actuaciones que seguía el Juzgado de Instrucción nº4 de Pamplona por la manifestación violenta que se produjo el 11 de marzo en Pamplona. Los indicios apuntan a presuntos delitos de terrorismo en concurso con desórdenes públicos, lesiones, daños, incendio y atentado.
El auto de Lamela describe los hechos ocurridos en la tarde del 11 de marzo de 2017 en el Casco Antiguo de Pamplona. Se produjo una "manifestación no autorizada" por el grupo autodenominado "Errepresioari Autodefensa" –contra la represión en la traducción al castellano–, publicitada en las redes sociales y foros afines al movimiento "con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública. Según la instructora, "durante la manifestación, un grupo que portaba sacos con piedras y material pirotécnico, así como capuchas para dificultar su identificación lanzó piedras contra la fuerza policial uniformada, así como botellas tras formar barricadas con contenedores volcados, resultando lesionados varios agentes y provocando diversos daños pendientes de tasación".
Continúa el relato de los hechos. "En el transcurso de los incidentes y tras arrastrar un contenedor de vidrio volcado hasta la céntrica plaza de Navarrería y arrojar por la calle del mismo nombre otro contenedor ardiendo, fueron detenidos Asier Petrirena, Bárcena Rubén Iglesias Baselga y Endika Etura Múgica" que, de acuerdo con la exposición de la magistrada, se habían desplazado desde Rentería. El primero se abalanzó sobre los agentes cuando intentaban detenerlo y los otros dos huyeron, siendo posteriormente detenidos. A petición de la Fiscalía, el titular del Juzgado de Instrucción nº4 Pamplona decretó prisión provisional sin fianza para los tres.
El juez razonó esta resolución por la "extrema gravedad de los hechos" y por "las elevadas posibilidades de eludir la acción de la justicia ante la gravedad de las penas que en su día pudieran imponerse", así como por "la probabilidad de reiteración delictiva a la vista de la propia mecánica de los hechos, cometidos en grupo y de forma organizada y planificada".