¿Cómo es posible que diez entidades pertenecientes a la administración andaluza de la Junta de Andalucía no cuentan en sus plantillas con funcionarios de carrera? Es la consecuencia de la progresiva invasión de la administración paralela, orquestada por el gobierno socialista desde hace años, sobre la administración pública y reglada.
Las denuncias del Sindicato Andaluz de Funcionarios han llegado al Juzgado y mientras se toman decisiones judiciales, es obvio que en su seno no hay personal cualificado para ejercer las potestades públicas que corresponden a los funcionarios.
En la Agencia Pública Andaluza de Educación, el antiguo Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, "no existe ni un solo funcionario de carrera de la Administración General de la Junta", ha dicho el SAF al diario La Razón,
Tampoco se encuentran funcionarios de carrera en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que contó en 2016 con 55 trabajadores.
No los hay asimismo en la Agencia Andaluza de la Energía y la judicializada Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA). Tampoco en la Agencia de Obra Pública, en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ni en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Ni siquiera escapa del escándalo la Consejería de Salud puesto que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias tampoco tiene funcionarios. NI el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ni la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).
Sin embargo, entre todos estos entes cuentan con más de 7.000 empleados que cobran de la Junta sin haber pasado por las pruebas exigibles a los funcionarios públicos.