El juez de la Operación Púnica cree que David Marjaliza necesita protección. Manuel García-Castellón, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, ha solicitado una evaluación de riesgo que determine cuán comprometida está la seguridad del supuesto conseguidor de la red de corrupción. Quien fuera socio y amigo personal de Francisco Granados se ha erigido en el principal valor probatorio del procedimiento, puesto que optó por la total confesión desde la primera fase de la investigación. Sus últimas confesiones apuntan de lleno a dos personas de enorme influencia: Javier López Madrid, exconsejero de la constructora OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, y el exsecretario general del PSOE en madrileño Tomás Gómez. Revelaciones que comprometerían su integridad a la vista de lo ocurrido en el desarrollo de otros casos judiciales.
En la enésima comparecencia ante el magistrado, Marjaliza explicó que Tomás Gómez, también exalcalde socialista de Parla (Madrid), se habría embolsado una comisión de 600.000 euros a cambio de adjudicaciones amañadas de contratos públicos. El exsocio de Granados no habló directamente con él, pero miembros del consistorio le comentaron que las mordidas "iban para el jefe". De acuerdo con la confesión, destinaron 200.000 euros en gastos electorales para el PSOE local y entregaron los 400.000 restantes en efectivo.
En relación a la actividad de Púnica en Getafe, el compareciente relató que el PSOE, el Partido Popular e Izquierda Unida se repartían por cuotas la parte de vivienda protegida que era competencia del Ayuntamiento. Según Marjaliza, establecieron un canon ilegal para la construcción que obligaba al pago de entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda: "Todo el mundo lo hacía, no conozco a un promotor urbanístico que consiguiera construir sin pagar comisiones".
Pelotazos en el Metro de Madrid
Marjaliza dibujó un escenario de comisiones habituales en la adjudicación de contratos públicos en municipios y en obras del Metro de Madrid. Desveló que se repartió con el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario López Madrid –también imputado en esta y otras causas– una mordida de 3,6 millones de euros por la adjudicación de varias obras en el suburbano de la capital y en el metro ligero de Boadilla del Monte. Aportó documentación.