Alberto Ruiz-Gallardón ha comparecido como investigado –antes imputado– por la Operación Lezo. Manuel García-Castellón, el juez que instruye la trama del Canal de Isabel II, ha cerrado la ronda de comparecencias que comenzó el martes con Carlos Mayor Oreja, expresidente de la empresa pública de agua, y siguió con el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo. Todos defienden la adquisición por parte de la entidad pública de aguas de la sociedad colombiana Inassa dentro de un plan de expansión por Sudamérica. El exalcalde de la capital y exministro de Justicia cree acreditada la "legalidad y prudencia, con beneficio para el Canal de Isabel II y los madrileños" de la operación investigada por fraude mediante supuestos sobreprecios para el cobro de mordidas. Gallardón ha insistido en más de una hora ante el magistrado y la Fiscalía en la Sala en que jamás ha cobrado comisiones por este u otro contrato.
Gallardón ha explicado que el consejo de administración del Canal de Isabel II "no solamente" estaba compuesto por representantes del PP, sino "también del PSOE, los sindicatos y la patronal, de los distintos ayuntamientos y de la Confederación Hidrográfica del Tajo". A su juicio, esta configuración "garantizaba una gestión profesional, plural y sobre todo una gestión transparente". "En ese ámbito y en ese espíritu de transparencia es donde se adoptó esa decisión, las cosas se hicieron bien". Por último, ha reconocido que "en los tiempos que corren y con las cosas que han pasado" entiende que "la gente dude". No obstante, ha pedido a García Castellón que "la gente que se ha dedicado con honradez a la vida pública no merece que se la meta en el mismo saco" que a los políticos corruptos.
El Ministerio Público –y ahora la Audiencia Nacional– maneja indicios de su participación en la compra de la empresa Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II que habría provocado un desfalco de 70 millones de euros públicos. Basó su solicitud en la grabación de una conversación entre Ignacio González, Eduardo Zaplana y el abogado Fernando Belhot. El primero reconocía que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares", pese a que la operación se cerró por 83 millones de euros.
En un extracto, se escucha lo siguiente: "Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", explica Ignacio González en la reunión. Según el Ministerio Fiscal, de la conversación se desprende la connivencia entre Gallardón y los responsables de la compra. Desconoce si reportó algún beneficio al exministro de Justicia.
Esta operación se produjo mientras Gallardón presidía la Comunidad de Madrid y la gestión del agua regional estaba dirigida por Ignacio González. "No me correspondía a mí, puesto que fue una decisión que se adoptó por parte del Canal de Isabel II, pero ellos han explicado, y lo han hecho con convicción, cuál fue la razón que les impusieron los vendedores para hacerlo de esa manera", ha asegurado Gallardón.