El caso Acuamed estalló en enero de 2016 cuando el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ordenó la detención de 13 personas en el marco de la operación Frontino. El instructor les imputaba por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho.
Acuamed, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A., es una empresa española que entonces dependía del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Su finalidad es promover las infraestructuras necesarias para dar solución a la compleja gestión del agua en las cuencas mediterráneas españolas.
El juez Velasco investigaba la adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de empresas o la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo. Tras la marcha de Velasco del Juzgado, la instrucción fue retomada por el magistrado Manuel García Castellón.
La investigación se centra en 6 contratos sospechosos que afectaban al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel. También estaban afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.
Desde que estalló el caso Acuamed, la causa fue utilizada por el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, para desgastar a Mariano Rajoy. Sin embargo, durante la instrucción, también afloraron numerosos documentos e indicios de que el escándalo afectaba de lleno al partido socialista durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y con Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente y responsable de Acuamed. No obstante, esta parte del caso no ha sido investigada.
Acuamed también afectó al PSOE
En el caso Acuamed se pueden citar tres posibles escándalos socialistas que salpicarían a la exminsitra de Medio Ambiente del PSOE, Narbona, y al Ejecutivo de Zapatero durante los años 2007 y 2008.
En marzo de 2016, el entonces instructor Eloy Velasco recibió un informe de la Agencia Tributaria que aportaba indicios de que algunas empresas pagaron 2 millones de euros a cambio de la adjudicación de obras de la desaladora de Torrevieja en el año 2007 durante el Gobierno de Zapatero. En los documentos aportados por la AEAT, se acreditaba la entrega de más de 400.000 euros a la mujer del jefe del Area de Tratamiento de Aguas de Acuamed en el momento de la adjudicación. El destino del resto del montante no habría sido investigado. Velasco solicitó un informe a la UCO y a la IGAE. A pesar del contundente informe de la Agencia Tributaria, nunca se supo nada más sobre los informes que pidió el juez y la Fiscalía Anticorrupción tampoco habría pedido nuevas diligencias.
A lo largo de la instrucción, ha aparecido en diversas ocasiones documentación que evidencia la aportación por las empresas adjudicataria de las desaladoras de importantes cantidades para financiar las campañas electorales socialistas. La suma de esas cantidades llega a alcanzar el 1 por ciento de las adjudicaciones y en total supera los 7 millones de euros. Sin embargo, los investigadores tampoco tiraron de este hilo.
Por último, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, que fue cesado tras explotar la causa, denunció en octubre de 2018 que en la empresa Crespo Gomar era una práctica generalizada en 2007 y 2008 adjudicar contratos de publicidad de forma irregular por un total, también de más de 7 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción entendió que este procedimiento no era el adecuado para investigarlo y tampoco se supo nada más al respecto.
Los denunciantes, imputados
En el caso Acuamed se da una llamativa paradoja. Resulta que los principales denunciantes de la causa están actualmente imputados por participar en presuntas irregularidades.
Azahara Peralta fue la directora de Obra de la Descontaminación Química del Embalse de Flix entre octubre de 2013 y julio de 2015. En una auditoría interna se detectaron irregularidades y fue despedida. Posteriormente, Peralta presentaba en septiembre de 2015 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Desde diciembre de 2019, está investigada en la causa como consecuencia de los pagos realizados en forma de un elemento de obra. Se han identificado más de 700.000 euros pagados que en realidad fueron pagos a una empresa de comunicación y un Instituto, de los cuales no queda claro el objeto de lo facturado.
Gracia Ballesteros fue nombrada Gerente de la Cuenca del Júcar y Cataluña. En julio de 2015 fue despedida de Acuamed, al igual que Azahara Peralta, tras detectarse irregularidades en una auditoría interna. Ballesteros fue citada como investigada a petición de Anticorrupción en mayo de 2019 en una pieza separada junto con otro exempleado de Acuamed por manipular unos informes para conseguir la adjudicación en favor de la Empresa Contratas Vilor.
Además, la Fiscalía está pendiente de otras declaraciones para decidir si también investiga a Gracia Ballesteros por su participación en conductas ilícitas en la obra de Flix en la que se pagaron campañas de propaganda y conciertos de Jazz como si fueran obra construida. La misma causa que Azahara Peralta.
Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital "no descartan" que otro de los denunciantes, Francisco Valiente, pueda ser imputado en la causa. Todo ello, tras el hallazgo de indicios que le apuntan como presunto conocedor de uno de los fraudes y supuesto inductor de la manipulación de valoraciones para conseguir la adjudicación de una obra a la empresa Contratas VILOR.