La plataforma Reconversión, impulsada por un destacado grupo de políticos, intelectuales, así como distintos representantes de la cultura o la economía española, ha emitido un comunicado de toque de atención al Gobierno sobre el órdago independentista de Artur Mas.
La plataforma – a la que pertenecen Alejo Vidal-Quadras, Santi Abascal o José Antonio Ortega Lara, entre otros – recuerda que el Parlamento catalán ha aprobado una resolución que "representa una grave agresión al orden constitucional". Y es que en ella se anuncia la celebración de una "consulta completamente ilegal en relación con una quimérica autodeterminación". Referéndum que se celebraría tras las elecciones del 25 de noviembre.
El comunicado afirma:
"Este hecho sin precedentes en un Estado miembro de la Unión Europea, en la que rige como principio básico el de lealtad institucional, que implica el respeto escrupuloso al Estado de Derecho, constituye un acto de ingratitud, de insolidaridad y de irresponsabilidad.
- De ingratitud, por la falta de reconocimiento del inmenso esfuerzo realizado en España a partir del pacto de la Transición para descentralizar el Estado y reconocer los hechos diferenciales.
- De insolidaridad, por acometer semejante maniobra de debilitamiento de la imagen de España en la esfera internacional cuando más necesario es inspirar confianza y demostrar estabilidad en momentos en que millones de nuestros compatriotas sufren las consecuencias de la crisis.
- De irresponsabilidad, por las imprevisibles consecuencias de un proceso de vulneración de la legalidad de esta naturaleza, que puede abocar a Cataluña y al resto de España a un conflicto interno, que nadie desea, y a un largo período de empobrecimiento material y moral".
Es por ello que Reconversión considera que, "ante un desafío a la nación de esta magnitud y que le causa un daño tan considerable, el Gobierno tiene la obligación ineludible de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes vigentes, aprobadas democráticamente por el pueblo español en su conjunto, sujeto único e indivisible de la soberanía nacional".
"Por consiguiente, el Gobierno, en el caso de que la anunciada consulta se convocase por parte de la Generalidad de Cataluña, deberá aplicar sin la menor demora los artículos 161.2 y 155.1 y 2 de nuestra Norma Suprema, el primero para suspender una convocatoria flagrantemente contraria al ordenamiento en vigor, y el segundo para proceder, previa conformidad del Senado, a la inmediata intervención de la Comunidad Autónoma de Cataluña en los términos previstos por la ley al haber tomado sus autoridades una medida inequívocamente contraria al interés general de España con evidente vulneración de sus obligaciones", afirma el comunicado.
El Gobierno, señalan desde Reconversión, "no puede dejar abandonados a los ciudadanos catalanes en manos de quienes violen la Constitución, las leyes y la esencia de la democracia".
Por último, el comunicado de dicha plataforma alerta sobre el peligro que supone para el Ejecutivo no actuar conforme marca la ley. "Perdería inmediatamente su legitimidad ante los ciudadanos y cualquier forma de respetabilidad en el concierto internacional".