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Los trapos sucios de CiU: financiación irregular, pagos opacos, tráfico de influencias...

Un informe recoge todos los casos de corrupción que salpican a CiU. Cospedal exige responsabilidades por "el saqueo del Palau".

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Una veintena de casos de corrupción, muchos de ellos en manos de los jueces y que, incluso, han supuesto detenciones. Con investigaciones en curso y con dimisiones e imputaciones encima de la mesa. Y todo ello bajo el paraguas de la Generalidad. El Partido Popular exige a la coalición CiU que dé explicaciones y depure las responsabilidades oportunas ante la montaña de indicios que apuntan a "financiación irregular, pagos opacos o tráfico de influencias".

El "saqueo del Palau" se ha convertido en la puntilla para que María Dolores de Cospedal haya exigido públicamente a Artur Mas que dé la cara antes unos informes judiciales y policiales que calculan que el coste de este escándalo supera los 30 millones y afecta a varios dirigentes nacionalistas actuales y anteriores, según el documento popular. CiU (su rama de Convergencia) se benefició de "entregas opacas de dinero en efecto" y/o de una desviación de fondos desde la Fundación del Palau.

El caso, rememoran, sigue abierto y Convergencia se vio obligada a abonar una fianza de más de tres millones de euros el pasado mes de julio para hacer frente a su responsabilidad. "Tienen la sede embargada", radiografió Alicia Sánchez Camacho.

Otro de los escándalos de los que se siguen desprendiendo datos es el relativo a unas adjudicaciones de estaciones de Inspección de Vehículos (ITV) de Cataluña. Supuestamente, "los responsables de Convergencia recibía dinero de ciertas empresas para favorecer su futura adjudicación y anular el reciente proceso que había realizado el tripartito en 2012". La Agencia Tributaria llegó a situar al secretario general de CDC, Oriol Pujol, en el centro de la trama: "Aportó la influencia política y procuró realizar los movimientos oportunos".

En el ámbito sanitario también se cometieron abusos, que acabaron costando la dimisión del Instituto Catalán de Salud, Joseph Prat Doménech. El más relevante, el presunto pago continuado "e injustificado" por parte de Prat al exdirector del Servicio Catalán de Salud, Carlos Manté, entre 2007 y 2011. Se llegó a anunciar una comisión de investigación, pero el adelanto electoral provocó su suspensión.

El caso Pretoria tuvo algo más de relevancia. Hubo 20 imputados, varios ex altos cargos nacionalistas, por defraudar un total de 44.754.000 euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andreu de Llavaneres.

Hay otros escándalos, que en muchos casos apenas han trascendido al ámbito nacional, y que afecta a cargos aún en activo como el diputado de CiU Xavier Crespo, al que se le acusó –auditoría en mano- de supuestos cobros irregulares cuando era alcalde de Lloret. Finalmente, la Sindicatura de Cuentas archivó tal extremo en 2006. O el caso 3%, denuncia hecha pública por el PSC, según la cual desde el Gobierno catalán se cobraban comisiones a las empresas adjudicatarias para poder acceder a los concursos públicos.

En los años ochenta y noventa la lista de presuntas irregularidades aumenta, siendo el más llamativo el denominado caso Banca Catalana por el que la Fiscalía se querelló contra el presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, por su implicación en la gestión de la entidad, de la que era confundador, y que supuso su intervención por parte del Banco de España. Quedó absuelto de toda responsabilidad por la Audiencia de Barcelona.

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