La Fiscalía de Álava pide más de 54 años de cárcel para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, el presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de 27 delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha hecho público su escrito de calificación, de 128 folios, en el que solicita la apertura de juicio contra 26 personas, entre ellas, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del PNV alavés, para quienes pide 32 años de cárcel, respectivamente.
El escrito del fiscal se ha conocido un año después de que el juez instructor culminara el mayor sumario por presunta corrupción abierto en el País Vasco.
El magistrado concluyó entonces que había quedado "indiciariamente acreditada" la existencia de "una trama organizada" en torno a De Miguel para obtener irregularmente contratos y adjudicaciones de administraciones y entes públicos gobernados por el PNV.
Ahora la Fiscalía se reafirma en que De Miguel, ex diputado foral, ideó en una fecha anterior a 2005 la creación de un entramado para "obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas".
El fiscal jefe de Álava dice que para ello se aprovechó de las "responsabilidades políticas y administrativas" que tenía por su pertenencia al PNV y contó con la "colaboración de otros acusados", "algunos de los cuales también tenían responsabilidades políticas".
Explica que dicho entramado estaba dirigido a obtener "irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de administraciones o entes públicos gobernados por el PNV, ya fuera para empresas de su propiedad" o para terceras personas y empresas con las que mantenía relación.
El escrito indica que todas estas sociedades estaban "íntimamente ligadas entre sí", recuerda que todas tenían su sede social en una sociedad gastronómica de Vitoria en la que nunca hubo materiales ni personal para una actividad empresarial.
Además, el entramado societario funcionó como empresas "pantalla" para canalizar el cobro de supuestas comisiones o percibir cantidades ilegales por trabajos que a veces no fueron realizados.
Izaguirre explica que el "plan" fue acordado por De Miguel con Tellería y Ochandiano y sus respectivas esposas, todas ellas acusadas. Asegura que todos fueron "detalladamente informados" de esa estrategia por De Miguel, y que "lo aceptaron, colaboraron en su ejecución y se lucraron de su ilícita actividad".
El fiscal relata en su escrito de acusación hasta diez "operaciones ilícitas" en las que según él intervino la trama; entre ellas varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno Vasco entre 2006 y 2008, durante la etapa de Juan José Ibarretxe; con la Diputación de Álava y con el Parque Tecnológico de Álava.
También se describen pagos de comisiones ilícitas de un 4 % en la adjudicación de obras públicas en varias localidades alavesas.
Entre todas ellas, está la presunta comisión que sirvió para destapar esta supuesta trama, la reclamación de unos 100.000 euros que, según el fiscal, De Miguel exigió en 2008 a la empresaria Ainhoa Alberdi por un contrato en el Parque Tecnológico de Álava, que ella se negó a pagar y denunció los hechos.
El fiscal relata que la trama obtuvo entre 2006 y 2007 diversas cantidades por "adjudicaciones irregulares" con la dirección de Juventud del Gobierno Vasco y que cobró por trabajos sin que al Ejecutivo de Vitoria le constara la existencia de una contraprestación mercantil.
Los 26 acusados se enfrentan a peticiones de penas que oscilan entre los 54 años y 9 meses de cárcel hasta los 4 años y 5 meses. Entre ellos hay nueve exdirigentes del PNV y otras personas afines a esta formación.