El caso ERE, que cuenta ya con 537 imputados tras incorporarse a la lista los 267 derivados del caso de la Franja Pirítica de Huelva, sigue proporcionando novedades a pesar de sus años de instrucción. De hecho, el caso de los intrusos en las ayudas a la minería onubense ha conllevado la imputación de dos ex altos cargos del gobierno de José María Aznar en el año 2003, la secretaria general de Empleo, Carmen de Miguel García, y la directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Córdova Garrido .
Ahora, toda la prensa andaluza se hace eco de que el juez encargado de esta pieza, primero juez de apoyo en el juzgado de los macrocasos, Álvaro Martín, ha confirmado el procesamiento de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y del exconsejero de la Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías, en la pieza "política" en la que también están procesados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Zarrías y Álvarez, así como por otros dos procesados, el ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez Martín y la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina Varo, presentaron un recurso de reforma ante la decisión judicial. Pero el juez, que considera lógica la disconformidad de los investigados, ha concluido que esas discrepancias deben ser manifestadas en el juicio y no en la instrucción.
El juez Martín recuerda que la instrucción ha confeccionado un relato de los hechos que se imputaban a los recurrentes "con suficiencia narrativa y argumentativa" y cree que lo que han hecho los imputados es un mero intento de descargo.
Los cuatro ex altos cargos pueden ahora recurrir en apelación ante la Audiencia de Sevilla, como hicieron los ex presidentes, que han planteado el recurso directamente ante el tribunal sin recurrir directamente ante el instructor.
Recuerda el juez Martín que a Gaspar Zarrías, que dijo desconocer la ilegalidad del procedimiento, se le imputa votar a favor de ciertas resoluciones del Consejo de Gobierno. Además, se le imputa porque, siendo la mano derecha de Manuel Chaves en la Junta, conocía el alcance de tales decisiones, las irregularidades que conllevaban y estaba al tanto de su finalidad, la implantación del procedimiento (fondo de reptiles y mal uso de las transferencias de financiación) que, una vez denunciado, dio origen al caso de los ERE.
Los recursos rechazados por el juez Martín forman parte de la argucia procesal de las defensas que intentan retrasar todo lo posible el inicio del juicio. Podrían haber hecho como hicieron Manuel Chaves y José Antonio Griñán que recurrieron el auto que daba comienzo al procedimiento abreviado ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Ahora, Zarrías, Álvarez, Suárez y Medina) tendrán la oportunidad de recurrir de nuevo, esta vez ante la Audiencia sevillana.