Sucedió en los demás países considerados bolivarianos, y esta vez parece ser que no será diferente en Nicaragua. Daniel Ortega quiere una nueva reelección y seguir en el poder más allá de lo señalado en la ley. Para eso hará lo mismo que sus colegas: forzar una reforma constitucional.
El primer paso ya se dio este martes con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua de una reforma constitucional. Como es evidente, la propuesta fue presentada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para dar carácter constitucional a un fallo del 2009 de la Corte Suprema, que fue clave para abrir el camino hace dos años a la reelección de Ortega a la presidencia. Con esto, Ortega podría participar en los comicios del 2016.
La clave de la enmienda constitucional del FSLN es la eliminación del artículo 147.4.a, que inhabilita para ocupar la jefatura del Estado "al que hubiere ejercido la Presidencia en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente". Este precepto también prohíbe aspirar al cargo "al que lo hubiere ejercido por dos períodos presidenciales". Aunque Ortega ostenta actualmente su tercer mandato, en realidad sería el segundo desde la promulgación de la Constitución de 1995. Se trata de una interpretación muy conocida en otros países: ocurrió lo mismo con Alberto Fujimori en Perú quien fue elegido en 1990 y reelegido gracias a una reforma constitucional en su primer periodo. Luego lo volvió a hacer para el año 2000.
A finales de noviembre, Ortega dijo en un acto militar en Managua que esta reforma traerá "paz" al pueblo nicaragüense: "Estoy seguro de que habrá más paz, más seguridad, más tranquilidad, más esperanzas y más alegría en el pueblo nicaragüense".
Para el jurista, filósofo y catedrático Alejandro Serrano Caldera, "aquí lo que está a la vista es la legalización de un modelo de corte autoritario que tiene como punta de lanza la entronización perpetua del presidente Ortega con la reelección indefinida".
Incluso la Iglesia se ha manifestado sobre este tema. En noviembre, la Conferencia Episcopal señaló que "la actual propuesta de reformas a la Constitución, vista en su conjunto, está orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica".
Además de lo relacionado con la reelección, esta reforma prevé también que el ganador de las elecciones no sea el que tenga un mínimo del 35% de los votos y una diferencia de al menos 5 puntos con el segundo candidato más votado, como es hasta ahora, sino que sencillamente sea el que obtenga el mayor porcentaje.