El caso Odebrecht tiene ramificaciones en muchos países de Latinoamérica y Perú no es la excepción. En los últimos meses, dicho país ha visto cómo la Justicia ha dictado prisión preventiva para importantes personalidades por temas relacionados con la red de corrupción extendida por la empresa brasileña: el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, y cinco empresarios que formaron consorcio con Odebrecht para adjudicarse numerosos proyectos a cambio de pagos, como por ejemplo, según señalan las acusaciones al expresidente Alejandro Toledo, hoy en EEUU y prófugo de la justicia peruana.
Los actuales protagonistas de la política en Perú tampoco se libran de las declaraciones en Brasil de colaborares eficaces como Marcelo Odebrecht, antes máximo jefe de la constructora brasileña y que en los próximos días gozará de detención domiciliaria, y de Jorge Barata, excabeza de la empresa en Perú. Se ha sabido de anotaciones como las siglas AG –que todos apuntan que podrían corresponder al expresidente Alan García–, o anotaciones relacionadas con Keiko Fujimori, quien lo ha desmentido todo, o la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Es decir, gran parte de la clase política.
Por si fuera poco, ahora han aparecido supuestos pagos de Odebrecht a empresas vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que ha levantado un importante revuelo. Este miércoles se hizo público un documento de la compañía remitido a la comisión del Congreso que investiga el caso de corrupción –presidida por el fujimorismo– sobre un pago de más de 782.000 dólares a la consultora Westfield Capital realizados entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007, lo que coincide con la presencia de Kuczynski como ministro de Economía y primer ministro del Gobierno de Toledo.
Como era de esperar, el fujimorismo –cuya sede principal fue registrada hace unos días por la Fiscalía en busca de contabilidad paralela– ha aprovechado el momento para pedir la renuncia del presidente sin antes oír su testimonio o confirmar las versiones ofrecidas por Odebrecht, algo que por cierto pidió para su lideresa. Daniel Salaverry, portavoz de Fuerza Popular, dijo que "es evidente que su permanencia en el máximo cargo es insostenible, a raíz de las pruebas concretas de actos de corrupción que el día de ayer (por este miércoles) la Comisión ha mostrado al Perú". Agregó que "lo que el pueblo peruano exige es que renuncie y se dé una transición constitucional para que el vicepresidente (Martín Vizcarra) asuma la Presidencia de Perú".
Pero no sólo es el partido mayoritario en el Congreso el que ha pedido la salida de Kuczynski. La izquierda peruana del Frente Amplio, desmembrada después de sus pugnas internas, pidió a través de Marco Arana que los corruptos "se vayan a su casa" y su portavoz Wilbert Rozas anunció que presentará una moción ante el Pleno del Congreso para solicitar la vacancia presidencial. El legislador aprista Mauricio Mulder, opinó que "si el presidente no presenta su renuncia", se sumarán "al pedido de vacancia" del Frente Amplio. Es decir, una crisis en toda su dimensión.