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INDUSTRIA Y CULTURA NEGOCIAN “AJUSTES TÉCNICOS”

El Gobierno trabaja in extremis para modificar el canon digital

El Ministerio de Cultura y el de Industria siguen trabajando, aún hoy, sobre el polémico canon digital. Las tarifas y dispositivos gravados con esta tasa podrían sufrir alguna modificación antes de que se proceda a su aprobación definitiva en Consejo de Ministros. Y ello, pese a que el Gobierno hizo pública a finales de 2007 la orden interministerial que fija dicha tasa. Ambos ministerios negocian “ajustes técnicos” que podrían afectar a ciertos productos y cantidades concretas.

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LD (M. Llamas) El nuevo canon digital tenía que haber entrado en vigor hace casi 1 año y medio, según los plazos que contenía la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobada el 22 de junio de 2006. Sin embargo, pese al retraso acumulado, la polémica tasa, que grava la compra de determinados productos tecnológicos, “aún no está cerrada”. Al menos del todo, según fuentes consultadas por Libertad Digital.
 
Industria y Cultura están negociando “ajustes técnicos” de última hora antes de proceder a su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. El Gobierno hizo pública a finales del pasado año la orden interministerial que fijaba la cuantía a pagar por los distribuidores, así como el listado de productos gravados con el nuevo canon digital.
 
Entonces, el tema se daba por zanjado, tras meses de duras negociaciones, primero, entre la patronal tecnológica y las entidades de gestión de derechos de autor y, más tarde, entre los citados gabinetes ministeriales. Pese a ello, la proximidad de las elecciones generales retrasó, una vez más, la entrada en vigor definitiva de dicha tasa, tal y como avanzó LD.
 
El presidente ejecutivo de la SGAE, Teddy Bautista, manifestó en el foro Málaga Valley Happening, celebrado esta semana, que esperaba la aprobación de la citada orden interministerial en fechas muy próximas, En concreto, en el primer o segundo Consejo de Ministros que celebre el nuevo Gobierno. Sin embargo, y ante la cercanía de la fecha, el Ejecutivo aún no ha cerrado definitivamente esta materia.
 
Los citados ajustes técnicos “podrían afectar a algún dispositivo o tarifa concreta”, pudiendo modificar así el listado y las cuantías publicadas hace apenas cuatros meses. Entonces, el Gobierno acordó establecer un canon máximo, cuya cuantía total podría oscilar entre los 105 y 120 millones de euros aproximadamente, en función de la previsión de ventas estipulada para cada dispositivo en 2008.
 
En caso de que, finalmente, el volumen de ventas superara las estimaciones del Gobierno, se tendría que aplicar un ajuste en 2009 para compensar a los autores. El canon, según la LPI, sirve para compensar a los autores por las pérdidas económicas que generan las copias privadas de obras protegidas que realizan los particulares. La orden también eliminaba la retroactividad de las nuevas tarifas. Es decir, el nuevo canon sólo se aplicaría a los productos vendidos a partir de la publicación de la orden.
 
Tanto las cantidades fijadas, como la citada eliminación de retroactividad, no agradaron a los artistas. Pese a ello, el retraso también está generando problemas a las entidades, por lo que defendieron públicamente su aprobación inmediata.
 
En la actualidad, algunas entidades de gestión abogan por la necesidad de actualizar la previsión de ventas elaborada por el Gobierno, ya que “se han quedado desfasadas debido al retraso que acumula la aprobación definitiva del canon”, según fuentes del sector. “La evolución del mercado muestra que las compañías y operadores tecnológicos van a vender más productos y dispositivos de los que estimó el Gobierno”, con lo que habría que revisar al alza el perjuicio que causa a los artistas la copia privada de sus obras protegidas, señalan. Sobre todo, aquellos productos relacionados con la descarga de vídeos y audio.
 
Una revisión de este tipo, en caso de aprobarse, podría elevar la factura definitiva del canon digital. Sin embargo, las fuentes coinciden en que Cultura e Industria, de momento, tan sólo están puliendo ciertos “ajustes técnicos” que pódrían modificar algún punto concreto de la orden interministerial.
 
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