Organizaciones internacionales se sumaron a periodistas y editores de Venezuela en su rechazo a un proyecto de Ley contra "delitos mediáticos" que, según el Gobierno de ese país, tiene como objetivo "regular" la libertad de expresión.

Además, Chávez ya actuó en esta misma línea cerrando nada menos que 34 emisoras justificando la decisión en que no cumplían ciertos requisitos legales. Los sectores vinculados a la oposición venezolana calificaron de "arbitraria y despótica" la rescisión del permiso.

Respecto al proyecto de ley, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, dijo que "es agradable que después de tanto tiempo, por la vía de una ley, se pueda hacer esto" en la lucha contra el "envenenamiento" de una sociedad donde la libertad de expresión no debe ser "la libertad más sagrada", se atrevió a decir el ministro para defender la propuesta en la emisora estatal VTV.

Los representantes de la oposición han denunciado en bloque que detrás del argumento para el cierre legal de las emisoras esgrimido por CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones también regentada por Cabello, se encuentra el deseo del gobierno de "acallar las voces disidentes y las críticas al presidente Hugo Chávez".

Las palabras de Cabello acerca del proyecto de Ley contrastan con las utilizadas por el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Organización Internacional de Radiodifusión (AIR) y Human Rights Watch en relación con el proyecto de Ley contra los Delitos Mediáticos presentado este jueves a la Asamblea Nacional por la fiscal general, Luisa Ortega.

Según la fiscal, el objetivo de la norma, que establece penas de cárcel para delitos mediáticos, es "regular la libertad de expresión" en Venezuela dado que existen "nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión".

Es un "devastador golpe contra lo que queda de democracia" en Venezuela, señaló hoy la SIP por boca de su presidente, el colombiano Enrique Santos Calderón, mientras para la AIR, con sede en Montevideo, constituye "una verdadera lápida a las libertades de pensamiento, expresión y opinión" en Venezuela.

La AIR solicitó a "la comunidad internacional y en especial a las democracias de la región, activar los mecanismos que permitan precaver el colapso institucional que amenaza la democracia y las libertades fundamentales en Venezuela, producto del gravísimo deterioro de las libertades de pensamiento, expresión y opinión".

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela alertó el jueves que la aprobación del proyecto de ley "colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas".

Teodoro Petkoff, editor del rotativo Tal Cual y ex candidato presidencial, consideró que es la propuesta "legal más salvaje y brutal" de la historia contemporánea de Venezuela, y le atribuyó "una inspiración hitleriana", ya que -dijo- "transforma prácticamente cualquier opinión, cualquier información, en un delito".

Petkoff propuso enviar el proyecto legislativo "a todos los Gobiernos, parlamentos y los medios de América Latina y Europa, para que en el resto del mundo sepan lo que se pretende hacer en Venezuela".

La SIP, organización formada por editores de diarios de toda América, consideró que esta iniciativa es "un duro mecanismo de atropello contra los ciudadanos, al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural".

El presidente de la SIP subrayó que la iniciativa de ley "viola" el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes y promueve la autocensura.

Por su parte, Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció que el proyecto crea en Venezuela ciudadanos de distintas categorías, pues establece un marco legal diferente para medios y periodistas.

"El Gobierno debe comprender que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se cometen a través de la prensa", que están ya regulados por las leyes vigentes que aplican a todos los ciudadanos por igual, dijo.

La organización Human Rights Watch (HRW) opinó hoy que el proyecto es una "receta para la censura" incompatible con la libertad de expresión. "Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder", aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. "Con la excepción de Cuba, Venezuela es el único país en la región al cual le resultan abiertamente indiferentes los estándares universales sobre libertad de expresión", añadió Vivanco.

La organización señaló también que, en caso de ser aprobada, la propuesta de ley presentada por la Fiscalía constituiría "una clara violación del derecho internacional sobre libertad de expresión", incluido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En un comunicado, la SIP divulgó en detalle el contenido del proyecto de ley y pasó revista a lo que considera una "estrategia" del presidente Hugo Chávez para "maniatar a la prensa", que, a juicio de esta organización, comenzó ya con la reforma constitucional de 1999.