L D (EFE) Los 17 hombres fueron entrenados en un campo del Turkistán Oriental y llevan más de siete años encarcelados. La decisión del tribunal significa que probablemente continuarán en prisión hasta que el Gobierno del presidente Barack Obama resuelva cómo clausurar la cárcel.
Esa tarea ha recaído en un comité encabezado por el nuevo secretario de Justicia de EEUU, Eric Holder, quien dijo que visitará Guantánamo el lunes. "Tenemos que tener los pies sobre el terreno para ver realmente lo que pasa en esas instalaciones, para ver en qué condiciones están los detenidos y para hablar con las personas allí sobre las técnicas que se usan en los interrogatorios", dijo Holder.
En esa base quedan unos 245 detenidos, divididos en tres grupos. Hay entre 50 y 60 que el Pentágono considera inocentes, pero que no puede repatriar porque podrían ser torturaros en sus países de origen, y otros 60 detenidos contra los que tiene pruebas suficientes para juzgarlos. El resto son hombres que Estados Unidos tilda de peligrosos, pero contra los que aún no tiene pruebas.
El grupo más fácil, a priori, es el primero, cuyo destino es la acogida en terceros países, pero el caso de los uighures demuestra que no hay soluciones sencillas para Guantánamo. El Pentágono ha determinado que los 17 no son un peligro y no los puede enviar a China porque podrían ser maltratados o algo peor.
Los 17 recibieron entrenamiento militar en un campo del Turkistán Oriental en las montañas de Tora Bora, en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Ese grupo terrorista pretende la independencia de su tierra tradicional en el noroeste de China y el Gobierno de Pekín lo considera una asociación terrorista.
Estados Unidos envió cinco uighures a Albania en 2006, pero China ha presionado al Gobierno de Tirana para que los extradite, según dijo Alim Seytoff, secretario general de la Asociación Uighur de Estados Unidos. "Otros países que cuentan con grandes negocios con China se resisten a aceptarlos" para no enemistarse con el dragón asiático, afirmó Seytoff.
Resta, por tanto, que el propio Estados Unidos los acoja. En octubre el juez federal Ricardo Urbina ordenó precisamente eso, en vista de que el Gobierno no había justificado su detención. El Gobierno de Bush recurrió la decisión y un tribunal federal concordó con sus argumentos.
Señaló que Urbina se extralimitó en sus poderes al determinar "fuera del marco de la normativa migratoria" que esos hombres debían ser liberados en Estados Unidos. "No sabemos si todos los solicitantes o alguno de ellos reúnen los requisitos para entrar en el país de acuerdo con las leyes migratorias", afirmó el tribunal, compuesto por tres magistrados, dos nombrados por presidentes republicanos y una por un demócrata.
Afirmaron que es el Ejecutivo y no el poder judicial el que tiene capacidad para aceptar a un extranjero en el territorio nacional. "Sabemos que no hay suficientes pruebas para clasificarlos como combatientes enemigos, esto es, enemigos de Estados Unidos, pero eso no es justificación para admitirlos" en el país, escribieron los miembros del tribunal.
La decisión coloca el caso de los uighurs en el escritorio de Obama entre los numerosos temas pendientes. Expertos independientes consultados por Efe creen que es probable que su Gobierno finalmente les deje entrar en el país y establecerse en el norte de Virginia, donde está la mayor comunidad de sus compatriotas en Estados Unidos.
El Gobierno de Washington no podrá exigir a Europa que acepte a detenidos de Guantánamo si no admite a algunos él mismo, argumentan. Sin embargo, los comentaristas conservadores han puesto ya el grito en el cielo ante la posibilidad de que Obama traiga a "terroristas" a Estados Unidos.