Hay dos faxes que lo demuestran de manera contundente. Uno, lo publicó La Razón hace unos meses y recogió Libertad Digital. El otro, lo expone hoy El Mundo. En ambos, un grupo de mineros denuncia la presencia de intrusos en las prejubilaciones mineras y se quejan de mientras a algunos mineros se les había recolocado en otros trabajos, a otros, que ni siquiera eran mineros, se les había prejubilado generosamente.
Según ha podido contrastar Libertad Digital, los faxes son idénticos y probablemente se remitieron el mismo día de diciembre de 2003. Sin embargo, en febrero de 2011, el ex presidente Chaves, actual vicepresidente tercero del gobierno, calificó de infamia cualquier relación con los ERE y negó haber conocido los hechos, por entonces, cometido por "cuatro golfos".
El texto de los fax es el siguiente: "Ha llegado el mes de diciembre y viendo la discriminación a que hemos llegado 7 mineros socialistas y UGTistas por parte de también a compañeros que en su día cogieron los 2.500.000 ptas, compañeros que también fueron recolocados como nosotros, compañeros de Construcciones Mari, que no han sido ni mineros y están prejubilados, compañeros de Insersa Navas que cogieron el dinero y están prejubilados, compañera de Insersa en limpieza y compañero del surtidor de Alosno, aquí hay más delito porque no han visto la mina ni por dentro ni por fuera, y ahí están, prejubilados...Y que conste con esto no queremos dañar a nadie sólo queremos nuestros derechos al igual que los demás...".
Este fax, con el mismo texto, fue remitido a Manuel Chaves y a el Defensor del Pueblo el mismo día sin que ninguno de los iniciara investigación alguna de la que se haya tenido constancia pública.
Como es sabido, hasta ahora, en la trama de las irregularidades de los ERE de diversas minas andaluzas, se han encontrado nada menos que 72 intrusos y 111 irregularidades administrativas. Los trabajadores de la mina de Tharsis se quedaron fuera de las prejubilaciones financiadas por la Junta y alertaron a través de distintos escritos remitidos al Defensor del Pueblo Andaluz entre 2003 y 2004 de la existencia de beneficiarios de pólizas que ni siquiera habían trabajado en las minas o de la inexacta aplicación de los coeficientes laborales. José Chamizo, que era y es Defensor del Pueblo, debe aclarar cuáles fueron sus gestiones en estos casos. Hoy sabemos que la misma documentación llegó al ex presidente Chaves.
Vean el escrito remitido a Manuel Chaves:
El fax remitido a José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, es de la misma fecha y tiene el mismo texto.
Hay otro escrito, con fecha de entrada de 31 de marzo de 2004 en el Defensor del Pueblo, contó La Razón, que advertía de irregularidades: "prejubilados sin ser mineros", "empresarios prejubilados" o trabajadores de Insersa que se acogieron a las ayudas con "cuarenta y dos años". "Seguiría y seguiría poniendo más" ejemplos, continúa la información. Lo cierto es que este escrito remitido al Defensor recogía un cúmulo de presuntas ilegalidades en una lista de empresas de la faja pirítica de Huelva que coincide casi exactamente con la que tiene actualmente encima de la mesa Mercedes Alaya: la Bolsa de Tharsis, Insersa, Navan Resources o Almagrera. La completarían los ERE de Minas de Río Tinto y Filón Sur sobre los que también ha pedido información Alaya y está investigando.
Pero las señales de alerta no llegaron solamente al Defensor del Pueblo Andaluz ni a Manuel Chaves. Además, la Junta de Andalucía, UGT, (a menos que haya error en el nombre porque lo vincula a CC.OO, lo que no es correcto), el PSOE, la asociación de defensa de los Derechos Humanos e incluso el Ministerio del Interior, estuvieron informados asimismo por los denunciantes. «La Junta de Andalucía sabe por mi puño y letra que se ha producido un atropello contra un grupo de mineros. Lo sabe el Parlamento andaluz, José Antonio Viera (entonces consejero de Trabajo), Javier Barrero (ex secretario general del PSOE onubense), el Ministerio del Interior, Derechos Humanos, Manuel Pastrana (secretario general de CC OO-A), Carmelo Sanmartín (entonces subdelegado del Gobierno) y Anastasia Izquierdo (inspectora jefe de Inspección)", se dice en una de las quejas.
Pero desde entonces a la juez Alaya, nadie hizo nada.