La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la libertad de Antonio Fernández, exconsejero andaluz de Empleo encarcelado desde el 24 de abril por los ERE fraudulentos, por el riesgo de que se fugue y de que intente "entorpecer el buen fin de la investigación".
El abogado de Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, reconocido letrado vinculado al PSOE, presentó directamente un recurso en tal sentido ante la Audiencia de Sevilla y no ante la juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, quien ordenó contra él prisión comunicada y sin fianza después de cuatro días de interrogatorio.
Concretamente, el abogado de Fernández ha recurrido directamente ante la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, a quien corresponden todas las apelaciones por los ERE, alegando que "ha colaborado plenamente" con la Justicia y que no hay "dato objetivo alguno" que permita sospechar que vaya a fugarse, dado que fue llamado a declarar trece meses después de ser imputado.
La Fiscalía basa su oposición en la "importante y decisiva" participación de Fernández en los hechos investigados y la posibilidad de que sea condenado a elevadas penas de prisión, que en el caso de la malversación continuada de fondos públicos podría llegar a los 18 años. Además, los delitos continuados de prevaricación, así como los de cohecho y falsedad documental superan, en abstracto, las penas de dos años de prisión cada uno.
Según EFE, la Fiscalía considera que, en caso de quedar libre, Fernández podría intentar fugarse para "eludir sus futuras responsabilidades con la Justicia" y podría entorpecer el buen fin de la investigación, que "está aún en una fase inicial", debido a su "evidente capacidad de influencia sobre otros imputados y testigos".
Según el recurso de la defensa, el caso por las ayudas de la Junta deriva del llamado caso Mercasevilla, que fue Fernández quien primero denunció a la Fiscalía por lo que la prisión preventiva resulta excesiva. El abogado califica la prisión del exconsejero como una decisión "injustificada, desproporcionada" pero sobre todo "insólita" pues en 2.106 entradas de las bases de datos judiciales sobre tal medida para un delito de prevaricación fue acordada en un único caso, relativo al dueño de un locutorio a quien se imputaban muchos otros delitos y además era extranjero.
Añade en su recurso que, nada más ser destituido el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero -encarcelado desde marzo-, fue Fernández quien denegó ayudas pendientes y ordenó consultar el "ajuste legal del procedimiento". Según el defensor, tras muchos meses de investigación se ha demostrado que Fernández "no se ha enriquecido, directa o indirectamente", de ninguno de los delitos investigados.