Esperanza Aguirre se pronunció así ante la Junta Directiva del PP de Madrid después de conocer que el ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez, antes representante del Gobierno en las negociaciones políticas con la organización terrorista ETA, negoció con la banda la impunidad judicial de Jarrai y del PCTV.
"Un país serio no puede permitir que un representante del Gobierno ofrezca a los terroristas que va a influir en las decisiones de los jueces para que no condenen a Jarrai o para que no ilegalicen al Partido Comunista de las Tierras Vascas. Queremos que España vuelva a ser un país serio y actitudes como ésta creo que no se pueden aceptar", afirmó.
A lo largo de su discurso, Aguirre se centró también en la política internacional que está llevando a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a la que calificó de "espectáculo", especialmente en los casos de Cuba y Venezuela.
Así, criticó que el Ejecutivo no haya condenado la muerte del disidente Orlando Zapata, "un pobre albañil cuyo único delito ha sido mostrar su disconformidad con la Dictadura y exigir la libertad" a la que todos los ciudadanos tienen derecho. "El Gobierno no lo ha condenado, solo lo lamenta. Esto es un escándalo para cualquier persona que ame la libertad y crea en la Democracia", sostuvo.
La dirigente regional también hizo alusión a la relación de España con Venezuela, después de que los jueces hayan decidido investigar la relación de Hugo Chávez con ETA, "algo que por otra parte es un secreto a voces", a su entender.
"(Al conocer la noticia) el autócrata venezolano se descuelga con unas declaraciones impresentables, insultantes y desafiantes contra España y especialmente contra las víctimas de los asesinos a los que da cobijo. Y la reacción del Gobierno es mandarle una carta cuando el mínimo sentido de la dignidad exigiría que España llamara a consultas al embajador en Caracas y que llamara al venezolano para pedirle explicaciones", explicó.
Desde su punto de vista, este es el modo en el que se debería proceder si España "quiere ser respetada en el mundo y considerada defensora de la libertad en todo el mundo, sobre todo en Hispanoamérica".