L D (Pedro de Tena) Este es el cuadrito de honor de la corrupción de la construcción en España:
Según El Economista, un reciente estudio de Ernst & Young desvela un dato desalentador: el 32 por ciento de las empresas españolas admite haber perdido oportunidades de negocio por no pagar un soborno frente a un competidor que sí lo hizo, según una encuesta para la que se ha entrevistado a responsables de empresa de 33 países, incluidos más de un millar de españoles. Lo llamativo es que nuestro país se sitúa muy por encima del resto, que ronda un 8 por ciento de media.
Así, el 24 por ciento de los encuestados españoles asegura haber sufrido en su empresa un caso de soborno o corrupción, mientras que la media europea se sitúa en el 10 por ciento. De este dato no resulta ajeno el desembarco masivo por parte de muchas grandes compañías españolas en Latinoamérica o países emergentes. Como explica Ricardo Noreña, socio de la consultora y responsable de este área: "Es habitual que muchas medidas anticorrupción surjan en el contexto de una fusión o adquisición, particularmente cuando las empresas objetivo están presentes en países con alto riesgo".
Como explica Jesús Sánchez, portavoz de Transparencia Internacional, teniendo en cuenta que el principal contratista en nuestro país es el Estado, en sus diferentes niveles, central, autonómico y local, el fraude empresarial va de la mano del de las administraciones públicas. En el caso de los casi 8.500 ayuntamientos existe una "necesidad de financiar estructuras de personal que crecen de manera anárquica por una cuestión de clientelismo", cuenta Sánchez.
En el último barómetro de este organismo, correspondiente a 2007, se explica que "numerosos ayuntamientos han encontrado en el suelo su principal fuente de financiación extra, pero en muchos casos el dinero que obtienen con la recalificación tienen que emplearlo luego en dar servicios a los nuevos habitantes, con lo que acaban au- mentando sus gastos, por lo que necesitan sacar más suelo, en un círculo vicioso".
En este sentido, los casos de corrupción urbanística asumidos por las Fiscalías Territoriales han provocado un incremento en los delitos de corrupción que han crecido en 2007 un 8,9 por ciento. La Fiscalía Especial tramitó 178 casos en 2006, un 40,1 por ciento más que en el ejercicio precedente, según datos de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha.
Economía sumergida
Desde Gestha también se alerta sobre otro foco importante de fraude, el de naturaleza fiscal. Denuncian que la evasión de impuestos por parte de profesionales y empresas ronda un 20 por ciento del PIB.
Los últimos datos los ofrece el prestigioso informe Doing Business que publica cada año el Banco Mundial, el correspondiente a 2007 hablaba de que la economía sumergida en nuestro país representa el 22 por ciento del PIB, frente al 17 por ciento de media de los países de la OCDE.