El ministro de Fomento compareció en el Congreso para explicar la crisis de los controladores aéreos hacia los que no se ha ahorrado críticas. En su opinión, "merecen el más duro de los juicios en el plano ético" en lo que ha calificado como un camino lleno de amenazas.
En su intervención, Blanco invitó al PP a "compartir la misma hoja de ruta". El ministro aseguró que "no es el momento de los reproches" sino de estar "unidos, que no hay grietas frente a los que hacen el chantaje".
De este modo, abrió la puerta incluso a la crítica a su compañero Gaspar Zarrías al considerar que la "unidad" estaba por encima de todo, "más allá de que se pueda compartir o no, que se pueda criticar o incluso reprobar la actuación de quien fuera, incluido a mí mismo". Cabe recordar que el PP pidió la reprobación Gaspar Zarrías, secretario de Estado y dirigente socialistas andaluz, que insinuó que los populares estaban detrás de la crisis que protagonizaron los controladores.
En este sentido, José Blanco abogó por "una respuesta contundente" por parte de las Cortes por lo que calificó de "muy importante" esta sesión. De hecho, llegó asegurar que en estos días "hemos asistido a un desafío en toda regla contra la soberanía nacional".
Además, el titular de Fomento defendió en todo momento la gestión del Gobierno. Dijo que todo lo que se hizo fue legal, "amparado en la Constitución" y definió sus medidas como "adecuadas y necesarias". "Fueron eficaces porque lograron su propósito".
Blanco dijo que la raíz de la situación de los controladores está en el convenio firmado en 1999 con el gobierno de Aznar. Desde entonces, han ido "escalando peldaños en sus condiciones económicas mediante la presión directa, las huelgas de celo y el abuso de bajas laborales". En ese convenio se estableció, según el ministro, el control absoluto de los controladores sobre el acceso a la profesión y su propia organización del trabajo. USCA consiguió jornadas extraordinarias pagadas tres veces más que las horas ordinarias.
"No sé si fue una cuestión de improvisación o incompetencia o se doblegaron al chantaje de los controladores", dijo en clara referencia al Gobierno del PP. "Nunca hicieron huelgas legales porque no las necesitaban para dañar la provisión del servicio". Ese convenio finalizó en 2005.
De este modo, Blanco alabó la firmeza de su gestión al afirmar que "si queríamos llevar a cabo nuestro objetivo en línea con el interés general había que tomar medidas complementarias". Por ello, se justificó en la sentencia de la Audiencia Nacional ante las protestas cuyo texto dice que la "intervención del legislador era idónea", en referencia a la polémica suscitada en febrero tras el recurso de los controladores a la AN.
Según la nueva ley, AENA es responsable de la organización del servicio, "devuelve la competencia organizativa del servicio a quien nunca debió perderlo, la empresa proveedora.". Así mismo limita las horas extraordinarias a 80 para reducir "los altos costes de la navegación aérea en España. "Queremos liberalizar el sector aéreo y reducir los costes de navegación", dijo el ministro.
La nueva ley también establece planes de formación para habilitar nuevos controladores que no están controlados por el sindicato USCA. Defendió Blanco que no se ha producido ninguna violación de la libertad sindical y que ha sido "proporcionada y constitucional para resolver una situación de abuso y chantaje que el Estado no podía tolerar más". Dijo que se ha realizado ya dos cursos de formación de controladores. "No es cierto que en los últimos años AENA haya sufrido falta de controladores, somos el segundo país de Europa en número de controladores, pero la ratio de operación-controlador es de las más bajas de nuestro entorno". Acusó a los controladores de hacer, tras la ley, una "estrategia para obstaculizar el tráfico aéreo" con bajas médicas masivas y retrasos en las operaciones.
El titular de Fomento, José Blanco, indicó además que en 2010 ya se han realizado dos cursos de formación para controladores, uno en junio con 46 personas y otro que termina este con 27 alumnos. Sin embargo, los primeros están aún en proceso de habilitación. También quiso enfatizar en que "no es cierto que AENA haya sufrido una falta de controladores" sino que se justificó asegurando que "somos el segundo país de Europa en número de controladores". Eso sí, "España tiene uno de los ratios operación/controlador más bajos de la Unión Europea".
"Los controladores son los únicos responsables del cierre del espacio aéreo español", dijo Blanco, que afirmó que el viernes del bloqueo los controladores desafiaron al Gobierno. "Si firmáis este convenio se termina todo". "El secretario de Estado dijo que sólo cabía que los controladores volviesen a sus puestos y depusieran su chantaje, un chantaje en toda regla que en ningún caso llegamos a considerar".
"La teoría de la provocación del gobierno no se sostiene", aseguró y lo argumentó en que el decreto del viernes del puente no contenía ninguna referencia a las horas de actividad aeronáutica. Dijo que hablar de provocación del gobierno "es hacer el juego a los que chantajean al Estado y al Gobierno" y avala que la acción del Gobierno democrático "debe alterarse por la amenaza de un grupo organizado dispuesto a causar un perjuicio grave con el incumplimiento de la ley. La obligación del gobierno es gobernar de acuerdo a las leyes todos los días de la semana, sea puente o no".
Calificó Blanco la acción de los controladores de "auténtico sabotaje". Y anunció tres ámbitos de acción. La judicial, las sanciones administrativas, que pueden conllevar la pérdida de licencia y la laboral, con la apertura de expedientes que "se llevará hasta el final caso por caso". "Fomento va a actuar con diligencia y rigor para que el sabotaje no quede impune". Y "la reforma estructural de la navegación aérea no se va a parar".
Dio Blanco que el problema de los controladores estaba enquistado y sabían que el "camino no iba a ser fácil". Y como no, arremetió contra el PPP. "No quiero poner en cuestión la actuación de anteriores gobiernos, pero los controladores, embriagados de tantos años de cesiones, pensaron que todo era posible para mantener sus privilegios, incluso poner de rodillas al estado, una fantasía irreal". Dijo que el Gobierno había cumplido con su obligación. "La defensa de la ley es un deber en que la ideología no puede introducir diferencias".
Espera Blanco que las medidas tomadas eviten "tentaciones o recaídas". "Hay un antes y un después del 3 de diciembre. No se contempla que nadie vuelva a confundirse". Huelga sí, dijo, pero "el sabotaje es un delito, también descrito en las leyes. La diferencia es clara. Si todos comprenden la diferencia entre un derecho y un delito será posible recuperar el diálogo con los controladores".