L D (Agencias) Bruselas denuncia que España no ha fijado en su legislación nacional penas eficaces, proporcionadas y disuasivas para los casos de incumplimiento del reglamento que obliga a acompañar todas las transferencias de información sobre el remitente. El plazo para notificar estas penas al Ejecutivo comunitario vencía el 15 de diciembre de 2007.
El expediente adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no han corregido la situación, el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. La Comisión envió también un dictamen motivado a Polonia por la misma cuestión.
El reglamento para reforzar los controles sobre las transferencias de dinero y acabar así con fuentes de financiación para terroristas y redes criminales organizadas se adoptó en 2006. Para garantizar que se pueda hacer un seguimiento de estas transferencias, la norma obliga a que se especifique siempre la identidad del remitente, incluyendo el nombre, la dirección y el número de cuenta.
Esta información estará a disposición de las fuerzas de seguridad y autoridades competentes para asistirles a la hora de detectar, investigar y procesar a terroristas y otros delincuentes y localizar sus activos.
La norma obliga a los Estados miembros a fijar en la legislación nacional y a notificar a la Comisión penas eficaces, proporcionadas y disuasivas para los incumplimientos del reglamento, que deberían aplicarse desde el 15 de diciembre de 2007.
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, resaltó que "el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo son amenazas globales que sólo pueden ser derrotadas mediante esfuerzos conjuntos y concertados". "La lucha contra el blanqueo del dinero y la financiación del terrorismo siguen siendo prioridades fundamenales para la UE y para los Estados miembros", destacó en un comunicado.