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Decenas de cargos de la Junta, implicados en las prejubilaciones irregulares

La lista de altos cargos socialistas implicados en el escándalo no hace sino crecer. Incluye empresas públicas y sindicatos.  

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Tras la advertencia del Secretario General del PP, Antonio Sanz, de que exigía conocer los nombres de socialistas en la trama de jubilaciones anticipadas irregulares gestionadas por la Junta de Andalucía (un inequívoco mensaje político tras el que se intuía que el PP ya tenía nombres y cargos), la Junta andaluza ha decidido cambiar radicalmente de estrategia y anunciar, ella misma, que ha encontrado, por ahora, 37 casos irregulares de prejubilaciones en diferentes empresas.

En ellas, aparece el ex alcalde socialista de El Pedroso, un ex delegado del gobierno andaluz, previsiblemente de Jaén, que trabajó en Cárnicas Molina aunque se prejubiló en Hytemasa y Juan Rodriguez Cordobés, delegado de Asuntos Sociales del ex consejero Isaías Pérez Saldaña. Según fuentes de toda solvencia, las prejubilaciones de Bolidèn pueden aportar nuevos datos de la identidad de cargos del PSOE beneficiados.

Con estos, son ya cinco los socialistas claramente implicados en este tráfico de prejubilaciones. A los ya mencionados hay que añadir el alto cargo del PSOE en Baeza, Antonio Garrido Santoyo, beneficiario del ERE de Mercasevilla, empresa en la que nunca trabajó, y el conseguir ugetista Juan Lanzas, orquestador de prejubilaciones varias.

Dado que el dinero, según confesión del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, procedía de un "fondo de reptiles" de alrededor de 650 millones de euros, están implicados cinco consejeros de la Junta, tres de Empleo y dos de Innovación, además de varios directores generales de sus departamentos.

Por si fuera poco, en el caso de las empresas públicas afectadas por prejubilaciones como EGmasa, Cárnicas Molina, Mercasevilla y las que sigan apareciendo, estarán implicados todos los responsables de las operaciones, que, como es costumbre, serán probablemente personas de la órbita muy próxima al PSOE o ligados al propio Partido Socialista.

Cada ERE supone dinero extra para las organizaciones sindicales

Igualmente, Comisiones Obreras y UGT aparecerán implicadas en todos los ERE´s, por los que han cobrado, cuando menos, dinero de las empresas en calidad de "asistencia técnica" o de "intermediación". Esto es, se cobra por despedir o por sacar a trabajadores de la vida laboral. Pero son responsables de lo que firmaron. O bien firmaron los acuerdos con la Junta conscientes de que se iban a producir "añadidos" o no fueron, pero tendrán que contar lo sucedido desde su punto de vista. Igualmente deberán contar qué cobraron y cuánto en cada ERE. También deberán testificar sobre qué se hacía con el dinero sobrante de los ERE, que en algún caso, tenemos perfecta constancia de que existió.
 

No es algo nuevo porque ya se descubrieron operaciones de esta naturaleza en años anteriores.

El 9 de enero de 1995 se publicó con todo lujo de fotocopias que tanto UGT como CCOO habían cobrado 5.750.000 pesetas por negociar con la empresa sueca SKF española una regulación de empleo que supuso la pérdida de 110 puestos de trabajo y una fuerte reducción salarial para los trabajadores que conservaron su empleo. Poco después se hacía público que UGT y CCOO reconocían que era habitual cobrar de las empresas con las que negociaban ajustes.

Lo publicó Álvaro Tizón en El Mundo con estas palabras introductorias: "Los sindicatos cobran sus servicios a las empresas con las que pactan ajustes laborales. Tanto Comisiones Obreras como UGT defienden la legitimidad de estas facturas, y señalan que se trata de una práctica "habitual". Pese a ello, son acuerdos que, normalmente, no dan a conocer a los trabajadores afectados."

Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo y abogado criticó la "discreción" con la que se acuerdan estos pagos. "Son ajustados a Derecho, y el ocultismo debería desterrarse".
Pero desde el punto de vista sindical, este sistema puede generar la falta de garantías para los trabajadores. ¿Y si una organización sindical acuciada por falta de liquidez acepta una regulación de empleo a cambio de dinero, a pesar de que la misma podría haberse evitado?

Pagos de este tipo fueron detectados en Campsa, Repsol Química o Fesa Enfersa, donde los trabajadores protagonizaron violentos enfrentamientos con la Policía.

También parece haberse realizado en la Administración. En 1990, CCOO y UGT firmaron el III Convenio y alcanzaron un pacto complementario, no publicado en el BOE, que reconocía a estos sindicatos una subvención de 1 millón de pesetas anuales. En junio del 91, el acuerdo fue denunciado a la Audiencia Nacional por otra central, USO. La sentencia obligó a anular la subvención pactada por ambas centrales. También son públicos los pagos realizados tras los ajustes en empresas como SKF, ya citado, o Elcano.

Interviú publicó en noviembre de 2004 que Citibank había reconocido en un juzgado el pago de más de seiscientos cincuenta mil euros a los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y FITC por "el esfuerzo que realizaron" durante las negociaciones de cuatro acuerdos laborales. Ese esfuerzo se concretó en cientos de bajas y en pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores. Durante la negociación, Citibank España ordenó pagar 234.000 euros (treinta y nueve millones de pesetas) a los tres sindicatos pero, curiosamente, el dinero no se ingresó directamente en las cuentas de las centrales, sino que se abonó a un intermediario, el bufete de abogados Baker & McKenzie.

Mil euros por trabajador fue el importe que pagó Fibracolor a los sindicatos en el ERE (expediente de regulación de empleo) que llevó a cabo el pasado año 2008. En total 280.000 euros se embolsaron los representantes de los trabajadores en un proceso que desembocó en el cierre de la empresa, participada en el 40% por Inditex y en el 26% por el Gobierno catalán.

CGT destapó a través de las actas de un ERE con acuerdo, en el cual se despidieron a 95 trabajadores de la empresa Menaje del Hogar. Tal como aparece en un documento que publica Negocios se hace entrega de 6.500 euros a cada sindicato (CCOO y UGT) a cambio de su inestimable colaboración.

Además del porcentaje que consiguen de algunas empresas como las mencionadas, también pueden cobrar porcentajes por indemnizaciones de despido. Este fue el caso de la empresa Ureche de San Sebastián, con expediente 20/2009/000/000396. "Nos cobraron un 9% del dinero abonado por Fogasa", afirmaron los despedidos aLa Gaceta de los Negocios.

En Andalucía conviene no olvidar que en julio de 2007, Delphi, la Junta de Andalucía y los sindicatos alcanzaron un acuerdo por el que la compañía se comprometía a poner encima de la mesa 120 millones de euros para pagar las indemnizaciones a los trabajadores y ceder a la Administración andaluza el suelo, las instalaciones y la maquinaria de la planta. La empresa había que cerrarla. Antonio Pina, hasta entonces militante del PCE y de IU y líder de Comisiones Obreras en la empresa firmó el cierre y a continuación presentó su solicitud de ingreso en el PSOE. ¿Eso fue todo o hubo compensaciones de otro tipo para los sindicatos firmantes?

La Junta, desbordada por los acontecimientos, trata de controlar los efectos del escándalo descubriendo algunos nombres.

Y ya van 37 pero su identidad es por ahora desconocida salvo en los casos ya apuntados y sólo en 12 de las 30 empresas que se están investigando. Enviada esta información a la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y añadiendo los ya descubiertos de la viuda sevillanaCarmen Fontela y Antonio Garrido Santoyo, la jueza se verá obligada a formar un "macrocaso" que ya podemos llamar "fondo de reptiles".

Mar Moreno, portavoz del gobierno Griñán, no quiso revelar a la prensa si entre los falsos expedientes se encontraban ex altos cargos o la identidad de las empresas, pero pocas horas más tarde ya se filtraron algunos de los altos cargos implicados que son éstos:

Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de la localidad sevillana de El Pedroso (1987-1995 y 1999-2007) y famoso partidario de Pepe Caballos, jun factótum del socialismo sevillano decapitado por Chaves y Griñán, por mediación del ex consejero Viera, ahora está implicado en los hechos. Será por casualidad que el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, el "cantaor" del caso, también fue alcalde de esta población sevillana. El ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, nombrado en 1998 por el entonces consejero Isaías Pérez Saldaña y que ocupó el cargo hasta 2000, es otro beneficiario.

Otro de los altos cargos supuestamente beneficiados es un gobernador civil, ya fallecido, que, según pudo conocer esta redacción, trabajó en Cárnicas Molina, aunque se prejubiló en Hytemasa.

Ahora, tras negarse a investigar parlamentariamente el caso, la Junta sopesa presentarse como "perjudicada" personándose en la causa (y accediendo así a toda la información de las partes) y ha solicitado un informe de fiscalización a la Cámara de Cuentas (como el que ya solicitó para las ayudas a la formación profesional tras el caso Velasco) o la comparecencia inmediata en el Parlamento, posiblemente la próxima semana, del consejero de Empleo, Manuel Recio.

Pero Moreno no ha podido evitar referirse a que en 2005 un informe de la Intervención General de Hacienda -siendo consejero de Economía y Hacienda el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán-, discrepó de este procedimiento. Curiosa y extrañamente, se analizó una muestra aleatoria de 20 expedientes y la conclusión fue positiva por parte de la inspección, cuyos responsables estarán ahora en el punto de mira del proceso judicial.

 

 

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