L D (Agencias) La decisión de adelantar la huelga se ha adoptado tras una reunión de los órganos directivos de AJFV y FJI que, tras consultar a sus asociados, consideran que la respuesta del Ministerio de Justicia a sus reivindicaciones ha sido insuficiente y deben dar un paso adelante.
El documento reivindicativo que habían pactado las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), AJFV y FJI- aplazaba la huelga hasta el 26 de junio, aunque convocaba para el mismo 18 de febrero un acto simbólico de protesta en todos los órganos judiciales.
El nuevo portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, anunció esta decisión a Europa Press después de la reunión de la dirección de la asociación. "La asociación Francisco de Vitoria ha convocado a toda la carrera para el 18 de febrero a una huelga de 24 horas", dijo.
"El acuerdo entra las asociaciones ha quedado ya sin sentido, carece de objeto y causa a la vista de la reunión con el Ministerio que sólo nos ha ofrecido humo, consideramos que se ha de convocar una huelga para ese día 18 de 24 horas", explicó.
"Las negociaciones con el Ministerio no llegaron a buen termino, salimos bastante insatisfechos y pensamos que la situación es tal que no nos queda más remedio que adoptar las medidas de presión más contundentes de las que teníamos previstas", explicó por su parte el portavoz del Foro Judicial Independiente, Benito Raboso.
De las otras dos asociaciones que componían esta coordinadora interasociativa (las que reúnen al mayor número de jueces asociados), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aseguró que mantenía los compromisos recogidos en el documento del día 13, mientras que Jueces para la Democracia (JpD) se reunirá el próximo jueves para adoptar una postura definitiva ante la huelga del día 18.
La ruptura entre las asociaciones de jueces se produce después de que el ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo, les prometiese el pasado lunes un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un "importantísimo esfuerzo económico añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados". No obstante, los jueces, que ese día renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron que "la situación no está resuelta".
