Según ha confirmado fuentes jurídicas el magistrado, que se encuentra de guardia esta semana, ha adoptado esta decisión a raíz de la denuncia presentada este lunes por la asociación Dignidad y Justicia, que ha solicitado la prohibición del acto.
En concreto, Ruz libra oficios a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra para que en el plazo de 48 horas recaben todos los datos relativos a ese homenaje (convocantes, lugar, recorrido, etc.) y se los remitan. Además de esta diligencia, el magistrado pide a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que le remita testimonio de la sentencia que en mayo de 2004 condenó a Riera a 9 años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista.
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este lunes a la Generalidad de Cataluña informes sobre el acto antes de decidir si solicita o no su prohibición porque con su celebración podría incurrirse en un delito de enaltecimiento del terrorismo.
Según Dignidad y Justicia, el homenaje consistiría en un acto de bienvenida en la plaza del Raspall de Barcelona, seguida de una marcha con antorchas que homenajearía a otras dos miembros de ETA: Marina Bernardó y Lola López.
El homenaje a Riera, del que por ahora no tienen constancia oficial ni el Ayuntamiento de Barcelona ni los Mossos d'Esquadra, ha sido publicitado en carteles y en Internet por el Casal Popular de Gracia, con motivo de la celebración alternativa de la fiesta mayor de Gracia, que empieza el próximo domingo.
En concreto, el acto de apoyo a Riera, bajo el lema "Benvinguda Laura! (presa política catalana)" ha sido convocado para el próximo sábado 21 de agosto a las 19.00 horas en la Plaça Raspall, donde a las 20.00 horas del mismo día se celebrará una marcha de antorchas para defender la liberación de las "presas políticas", según consta en los carteles y en la web de la plataforma convocante.
Laura Riera fue detenida y encarcelada provisionalmente en 2001 por su supuesta colaboración con ETA, acusada de aprovechar su trabajo en el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) para facilitar al "comando Barcelona" el número de matrículas de coches de sus supuestos objetivos.
Según la sentencia, Riera, que trabajaba como auxiliar administrativo en la sección de multas del Ayuntamiento de Terrassa, entró al menos en doce ocasiones, entre mayo y diciembre de 2000, en la base de datos de Tráfico para obtener el número de matrículas de varios objetivos de ETA, entre ellas la del concejal del PP de Viladecavalls