(Libertad Digital) Así se ha puesto de manifiesto en la reunión mantenida por el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, y el portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, con consejeros de Economía de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. El partido reitera así la posición recogida en la Declaración de San Millán de la Cogolla, firmada el 29 de julio.
El Gobierno, a juicio del PP, “no puede hacer público ningún documento de propuestas sin haberse reunido antes con todos los presidentes autonómicos”. Asimismo, los consejeros de las Autonomías gobernadas por el PP muestran su “extrañeza ante las diferentes propuestas que ha hecho el presidente del Gobierno en función de quién era su interlocutor”.
El responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, junto al vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas y al consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta.
El modelo actual, según recuerdan los consejeros de las Comunidades del PP, fue aprobado por unanimidad y garantizaría la suficiencia de todas las competencias -es decir la adecuada financiación de los servicios públicos- lo que asegura la igualdad de acceso a los mismos de todos los españoles.
Además, el modelo de 2002 incluía posibilidades de reforma y actualización por razones demográficas entre otras, aunque “el Gobierno socialista nunca ha querido ponerlas en marcha”, dicen los populares.
En cuanto a la captación de los recursos, el PP rechaza que la actualización del modelo de financiación autonómica se base en el aumento del déficit o el incremento de los impuestos. “De ser así, no se garantizarían los ingresos para la pervivencia del modelo”, indican.
Los consejeros autonómicos lamentan que la reforma del modelo de financiación “carezca de un objetivo político compartido que, en este momento, tendría que ser la recuperación económica y del crecimiento, así como la creación de empleo”. Y el sistema “debe cumplir el principio de generalidad, contemplando la financiación de todos los servicios traspasados a las comunidades, incluida la atención a la dependencia”.
La reforma, una iniciativa del Gobierno
La reforma del actual modelo de financiación surge a iniciativa del Gobierno socialista en la pasada legislatura que opta por sustituir el modelo de 2002 -aprobado por unanimidad- en vez de reformarlo.
Según el PP, en el origen de esta actitud está el “cheque en blanco que Rodríguez Zapatero dio al tripartito catalán” para la redacción del Estatuto de Autonomía de Cataluña que establecía un modelo bilateral. Ante las críticas generalizadas, el Gobierno “optó por un bilateralismo encubierto y apostó por principios que satisfacen lo máximo posible las aspiraciones del tripartito y que se han de aplicar a todas las autonomías”.
Los populares critican que el único objetivo político de la reforma de la financiación autonómica sea el sostenimiento de las alianzas políticas del Ejecutivo socialista y la necesidad de solucionar sus problemas internos derivados de las amenazas del PSC. A juicio del PP, son precisamente estas presiones las que han obligado al propio Zapatero a impulsar personalmente la negociación y a buscar un acuerdo lo antes posible.
Desde el principio, Zapatero ha planteado la cuestión de la financiación autonómica como una negociación interna en el seno del PSOE y con los socios de gobierno de otros partidos de izquierda o nacionalistas.
Querer imponer un sistema de financiación diseñado para afrontar las discrepancias del PSOE es algo “inaceptable” para el PP . Los consejeros reunidos este viernes, que consideran que ésta es una “pésima forma de encarar una negociación”, apuestan por plantear objetivos de interés general, “compartidos por todos, así como los medios para lograrlos”. Además, apuesta por la negociación adecuada del modelo entre las grandes formaciones políticas en forma de un pacto de Estado.