El Tribunal Supremo ha paralizado la tramitación de una de las causas que mantiene abiertas contra el juez Baltasar Garzón - la presunta prevaricación cometida al investigar sin competencia los crímenes franquistas-, con el fin de tramitar las recusaciones presentadas por la defensa del juez contra cinco de los magistrados que inicialmente iban a juzgar este caso.
Según prevé el artículo 223.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), se ha dado traslado tanto a la Fiscalía como a la acusación popular personada en este caso (Manos Limpias) para que en el plazo de tres días aleguen lo que consideren oportuno sobre las recusaciones, según ha informado el alto tribunal este viernes.
Los recusados son presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra Ruiz, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez García, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. Garzón considera que su intervención en varios momentos de la instrucción de la causa los inhabilita para juzgarle con la suficiente imparcialidad.
Según el escrito que presentó a mediados del mes de diciembre el defensor de Garzón en este procedimiento, Gonzalo Martínez-Fresneda, la recusación se basa en el principio general de que quien participa en la instrucción de la causa está inhabilitado para juzgar ese mismo asunto.
Así lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el número 11 del art. 219 y así lo ha reconocido de forma reiterada la doctrina más sólida, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según se detalla en el escrito, que suma más de cuarenta folios.
Los cinco magistrados recusados intervinieron en la instrucción de la causa admitiendo a trámite la primera querella contra el juez; realizando diligencias previas de instrucción antes de decidir la admisión a trámite de la misma; firmando resoluciones denegando de plano la personación de las víctimas de los crímenes franquistas y negándose a resolver sus diversas peticiones, entre otras actuaciones, según señala la defensa del juez suspendido de la Audiencia Nacional.
El escrito subraya que, además, los magistrados recusados confirmaron el archivo de la instrucción y la prosecución de la causa contra Garzón, en contra de la reiterada opinión del Ministerio Fiscal, que solicitó el sobreseimiento hasta en siete ocasiones.
Añade que los ahora recusados incluso sugirieron "a los familiares de los presuntos responsables franquistas que acudieran ante los tribunales para defender su prestigio, presuntamente denigrado por las resoluciones dictadas por Garzon".
Además, Martínez-Fresneda insiste en su escrito en que los magistrados recusados han defendido una interpretación de la ley procesal determinada para intentar salvaguardar su propia competencia, "mostrando con ello un interés indirecto en ser ellos mismos quienes formen parte del tribunal que juzgue al juez Garzón, tras haber sido los que han admitido las querellas y controlado la instrucción, que ha supuesto la suspensión del juez".