LD (Pedro de Tena) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha aprobado esta martes por unanimidad un informe sobre la situación del personal de Justicia en el que se advierte, entre otros aspectos, que los órganos judiciales de la comunidad necesitarían más de 1.200 nuevos puestos de trabajo.
En el referido documento, facilitado a Efe, se pone de manifiesto el "muy alarmante déficit" en la plantilla de funcionarios de justicia que padecen los órganos andaluces y la "acuciante necesidad" de adecuar las plantillas a la verdadera carga de trabajo que soportan.
El Pleno de la Sala de Gobierno del TSJA, a través de este documento, denuncia así que la administración autonómica es incapaz de gestionar la Justicia andaluza, una competencia que reclamó con insistencia muy especialmente cuando el PP llegó al gobierno.
Falta de personal
Concretamente afirma que se ha visto en los últimos años, desde 2005 y sobre todo de manera generalizada a partir del año 2006, que la Junta es "incapaz" de dotar de plantilla "apropiada" a cada uno de los Juzgados de nueva creación. En cuanto a la propuesta de adecuación de la plantilla de los distintos órganos a su carga de trabajo, en la encuestas realizadas estos han respondido con una petición que, en conjunto, supondría la creación de 1.245 nuevos puestos de trabajo, de ellos el 48 por ciento (596 plazas) en Partidos Judiciales con sede fuera de la capital de provincia, especialmente en Cádiz (178).
El estudio, elaborado a partir de encuestas en todos los juzgados y tribunales, señala que la plantilla orgánica atribuida a cada uno de los 617 órganos judiciales en Andalucía supone un total de al menos 5.898 funcionarios distribuidos entre las tres categorías profesionales: gestores procesales, tramitadores y auxilio judicial. En cambio, precisa el informe, únicamente 4.179 de esos puestos de trabajo estaban ocupados a la fecha de estudio por sus titulares, lo que significa que la Consejería de Justicia únicamente cuenta con un 70,8 por ciento de funcionarios titulares para atender la totalidad de los puestos de trabajo.
Más de 1.700 plazas vacantes
Además, para cubrir ese déficit de 1.719 plazas las Delegaciones Provinciales de Justicia sólo pudieron disponer de 1.178 funcionarios de la Bolsa de Interinos y, una vez agotada ésta, fue preciso acudir a la contratación de 399 trabajadores demandantes de empleo ante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Estos demandantes "con nula experiencia y sin preparación previa" se vieron de pronto convertidos en funcionarios de Justicia al frente de un ingente volumen de expedientes, "incapaces de tramitar e incluso de comprender", advierte el informe, que incide en que aún así se dejaban sin cubrir 142 puestos de trabajo en Andalucía.
Un incremento total que oscila entre las 76 plazas que se interesan por los órganos judiciales de Jaén a las 282 que demandan los de Sevilla, indica el documento, donde además se considera "urgente" la cobertura y provisión "real" de las más de 1.700 plazas vacantes pendientes de asignar a funcionarios titulares. El informe aprobado por la Sala de Gobierno ha sido hoy entregado en Granada a la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, y a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y se le remitirá al Ministerio de Justicia, según ha explicado a los periodistas el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo.
El País ve en el informe una revuelta judicial por los casos Tirado y Mariluz
La revuelta judicial tras el 'caso Tirado' apunta ahora a la Junta, dice El País en su edición andaluza de este miércoles. El TSJA acusa al Gobierno andaluz de incapacidad, improvisación y pasividad. Los magistrados achacan el retraso crónico de la Justicia a la falta de personal Y añade: "La batalla soterrada sale a la superficie. Y con una fuerza inaudita. Las críticas cíclicas que la cúpula de los jueces andaluces han vertido contra la Junta por el retraso crónico de la justicia durante los últimos años, alcanzaron ayer su clímax.
Los errores judiciales del caso Mari Luz destapados en abril fueron el detonante de un enfrentamiento que se verbalizó ayer en forma de un durísimo informe de los jueces, contestado por la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, con aún mayor virulencia. A sólo una semana de que el Consejo General del Poder Judicial decida la sanción que le impondrá al juez Rafael Tirado por sus errores en el caso Mari Luz, el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), formado por 33 magistrados, aprobó ayer un informe sobre el personal de la Administración de Justicia.
Para el periódico amigo de la Junta, el documento acusa a la Junta de incapacidad, improvisación, mala gestión, y pasividad ante la ralentización de las sustituciones de personal, además de enviar interinos sin experiencia a puestos de responsabilidad.
La consejera lo desmiente todo
La consejera de Justicia de la Junta, Evangelina Naranjo, desmintió el déficit de 1.245 plazas que el informe denuncia. Fuentes de la consejería desmintieron la "plantilla real de 5.898 funcionarios" del informe, elevaron la cifra hasta los 7.126 funcionarios, y pusieron en duda su realización. Mientras que los jueces critican que sólo el 70,8% de las plazas están cubiertas por funcionarios, la consejería elevó la cifra hasta el 76%.
"El estudio no tiene una metodología digna, ni la rigurosidad y objetividad que se le presupone a un estudio de estas características, sin ficha técnica ni de procedimiento", censuraron. Una semana después de que saltara la polémica sobre el juez Tirado, el 9 de abril el TSJA encargó el estudio al presidente de la Audiencia de Granada, José Requena, que envió un formulario a los jueces y secretarios de las 617 oficinas judiciales en Andalucía.
Jueces para la Democracia también denuncia la situación de la Justicia en Andalucía
Según un artículo de Juan Luis Rascón Ortega, de Jueces para la Democracia, "Hoy día, la administración de Justicia en España no es un servicio público de calidad. Esa sencilla pero tajante conclusión no sólo la asumen con naturalidad los que la sirven sino que, también, la aceptan mayoritariamente sus propios usuarios; los barómetros de la opinión pública han hecho saltar todas las alarmas posibles: aproximadamente el 50% de la población española piensa que la Justicia funciona mal o muy mal, el 86% cree que la gente está desprotegida por la lentitud de la Justicia y el 94% opina que han de adoptarse medidas urgentes para la agilización de la Justicia -barómetro de opinión del CGPJ-.
Estos porcentajes se repiten entre los andaluces. En ese marco y tratando de contentar las necesidades de un servicio público básico que no funciona, Andalucía, en el grado de competencia que le corresponde, está llamada a hacer política judicial de propios contornos que permita una administración de Justicia eficaz, cercana al ciudadano y lo más democrática posible, que tienda a lo que finalmente es su objetivo máximo y prioritario, la garantía y protección de los derechos y libertades.. Eso es lo que quieren los ciudadanos andaluces y eso es lo que jurídicamente exige de Andalucía la Constitución misma.”