En veintiún años al frente del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional- interrumpido por unos meses de parón político en las filas del PSOE- Baltasar Garzón nunca había visto que se pusiesen las cosas tan complicadas para su futuro profesional como hasta ahora. Consciente de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictaría de forma inminente el auto de apertura de juicio oral que lo sentaría en el banquillo, Garzón da ahora un golpe de efecto e intenta irse antes de que lo echen.
El juez de la Audiencia Nacional ha presentado este martes un escrito ante el CGPJ pidiendo que se le conceda un permiso de servicios especiales para irse como asesor externo a la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya (Holanda). Antes de hacer esa petición, Garzón ha informado al presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que ha dado su visto bueno al traslado.
Esta solicitud se produce después de que el magistrado recibiera el pasado 6 de mayo una invitación del fiscal jefe de este órgano, el argentino Luis Moreno Ocampo. Con esta petición Garzón no perdería su plaza en la Audiencia Nacional aunque dejaría de trabajar para dicho tribunal el tiempo que dure el permiso. Al no renunciar a su cargo de magistrado de la Audiencia tampoco pierde su condición de aforado ante el Tribunal Supremo.
A priori, esta decisión no afecta a las tres causas penales que Garzón tiene pendientes ante el Alto Tribunal: por los casos del franquismo, de las escuchas de Gürtel y los cobros por los cursos en Nueva York. En todas ellas se le acusa de un delito de prevaricación, el hecho delictivo más grave que se le puede imputar a un magistrado: “dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son”.
Sin embargo, esta astuta maniobra sí que podría valerle para evitar que el Consejo General del Poder Judicial lo suspenda en sus funciones, y por ende, le obligue a abandonar por la puerta de atrás el juzgado de Instrucción Número 5. Según han señalado fuentes del gobierno de los jueces a Libertad Digital, esta solicitud podría provocar que el CGPJ no lo suspendiese ya que la suspensión cautelar es una medida que se adopta para apartar a un magistrado de su función jurisdiccional, algo que Garzón ya habría conseguido al irse de consultor a la Haya.
En principio, la solicitud es por siete meses –prorrogables- para ocupar un puesto de asesor de la Fiscalía de la CPI en el área de desarrollo de nuevas técnicas de investigación contra los crímenes organizados. Un puesto de reconocido prestigio en el mundo de la judicatura que le concede todos los privilegios como miembro de la Corte. Entre dichos privilegios, Garzón gozará de “inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto a las declaraciones que haga verbalmente o por escrito y los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones”. Así lo señala el artículo 16 del acuerdo sobre los privilegios e inmunidades del Tribunal.
Además, fuentes de la Audiencia han señalado que con su nuevo cargo Garzón tendría su despacho en la sede principal de la Haya aunque podría viajar al Congo, Sudán, Colombia y Uganda donde la CPI tiene causas pendientes.
La solicitud de traslado ya se ha incluido en el orden del día de la Comisión Permanente que de forma inusual se celebrará este miércoles en lugar de haber tenido lugar hoy. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, "los jueces y magistrados serán declarados en misión de servicios especiales cuando sean autorizados por el Consejo General del Poder Judicial para realizar una misión internacional por período determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores".
De momento ese informe no ha llegado al Consejo, por lo que en la Comisión de este miércoles no se aprobará aún esta medida. Tan sólo podrá comenzar a tramitarse aunque el poder judicial puede tanto aprobar como rechazar este permiso.