L D (Agencias) Mariano Rajoy insistió en que aquellas detenciones "fueron ilegales", pues señaló que incluso hubo varios funcionarios policiales que se negaron a practicarlas y que, por esa actitud, "sufrieron represalias". "Ahora el fiscal general del Estado está volviendo a desempeñar un papel absolutamente lamentable", reiteró.
Además, defendió que el derecho de manifestación y reunión son constitucionales y capitales por lo que consideró "realmente sorprendente que el Gobierno los haya vulnerado". Ante estas circunstancias, reclamó la dimisión delegado del Gobierno en Madrid y que Conde Pumpido se dedique a defender la legalidad.
Acusaciones de Güemes
Por otro lado, Juan José Güemes, dijo que la teoría acuñada este martes por el Fiscal General acerca de que defenderá a los policías acusados de detención ilegal durante la manifestación de la AVT, indica que "también habría defendido a los GAL". Salvando las distancias entre ambos casos, ya que "los GAL fueron un caso de extorsión, asesinato y secuestro, y aquí hablamos de detención ilegal y vulneración del derecho de manifestación", Güemes sostuvo que la defensa de los agentes de la policía que detuvieron a dos militantes del PP por parte del fiscal "intenta evitar que esos agentes digan de dónde partió la orden para hacer las detenciones".
Conde Pumpido dijo este martes que los policías denunciados por el PP por detención ilegal "están investigando un delito, están actuando contra unas personas que aparecen en unas fotos en una actitud en principio vociferante y que les hace sospechosas de poder haber intervenido en un hecho delictivo". Por eso, anunció que en caso de que la defensa de los agentes recurra esa resolución la Fiscalía apoyará el recurso, "defenderá a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y procurará que al final triunfe la legalidad".
El dirigente popular también comentó el almuerzo que, al parecer, "compartieron Bono y Conde Pumpido con carácter previo a estas declaraciones", encuentro cuyo objetivo, en su opinión, "puede ser coordinar una estrategia de ocultación de gravísimos hechos como detención ilegal y destrucción de pruebas para tapar esa detención ilegal". "Con su actitud, el fiscal general se suma a la persecución política de dos inocentes, un fontanero retirado y una ama de casa, y se pone de parte de los culpables de falsificación de pruebas y detención ilegal, lo que abunda en la trayectoria de un fiscal que en vez de estar al servicio de los españoles parece al servicio de los socialistas", agregó.
Esto recuerda, a su juicio, a "otros casos en los que el PSOE protegió a policías para evitar el alcance de hechos delictivos que implicaban al gobierno", ya que con "la teoría acuñada ayer por Conde Pumpido nos dice que él hubiera hecho lo mismo en el caso GAL y hubiera protegido a Amedo y Domínguez".