Según el auto de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, las disposiciones adicionales cuarta y decimoquinta de la citada ley podrían vulnerar los artículos 103.3 y 134.2 de la Constitución, que reconocen los principios de mérito y capacidad y las funciones específicas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, respectivamente.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, que entró en vigor el 1 de enero de 2008, integra la escala superior de oficiales y la de oficiales en una única escala, a la que los primeros acceden de manera automática y los segundos superando un curso de adaptación.

Un grupo de militares del Ejército de Tierra interpuso ante la Audiencia Nacional un recurso para pedir la suspensión de la ejecución de la Orden del Ministerio de Defensa 54/2008, de 29 de mayo, por la que se regula el curso de adaptación, y la instrucción 62/2008 de la subsecretaria de este departamento, que aprueba los planes de Estudio para el mismo.

La sala de lo Contencioso-Administrativo, no obstante, lo rechazó porque no apreció perjuicios irreparables para los oficiales afectados y consideró que la suspensión de las resoluciones recurridas implicaría "graves perjuicios" para los intereses públicos y de terceros. Ahora, el tribunal cree que "parece evidente" que este curso "nada tiene que ver con la enseñanza militar, sino que está dirigido, exclusivamente, a facilitar la incorporación" de los oficiales a la nueva escala única.

Mantiene que este curso es el único condicionante fijado por la norma para acceder a la escala única "sin que se vea acompañado de alguna otra medida de corrección", como la de conceder un incremento en la antigüedad, lo cual podría "generar unas consecuencias contrarias a los principios de mérito y capacidad" recogidos en la Carta Magna.

"No parece compaginarse con los indicados principios que la mera superación del curso suponga la integración de quienes se encontraban en un nivel más bajo con quienes se hallaban en un nivel más alto, igualando ambos, dadas las notables diferencias entre las escalas de procedencia", afirma el auto. Recuerda que los demandantes "no discuten" la unificación de las escalas, sino "el modo como se ha diseñado la incorporación a la misma de estos últimos".

El Gobierno introdujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2009 una disposición adicional que atribuye a la superación del curso de adaptación un reconocimiento académico equivalente a un título de grado universitario.

Sin embargo, el tribunal sostiene que "no se atisba la más mínima relación entre el presupuesto, su ejecución o la política económica", funciones que reconoce la Constitución para la Ley de Presupuestos, con la equiparación del curso a un título universitario.

Añade que la Ley de Carrera Militar sólo hace referencia al objetivo del curso y sus efectos, pero no pone límite a su desarrollo reglamentario en cuestiones como contenido o calendario, entre otras, por lo que considera que el legislador ha entregado un "cheque en blanco a la administración" y que "una delegación tan amplia pudiera tener difícil acomodo constitucional"