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La Fiscalía estudia ya la querella del PP contra Garzón

El Ministerio Fiscal estudia desde este jueves  si admite a trámite o no la querella interpuesta por el PP contra el juez Baltasar Garzón por prevaricación. Dicho estudio se ha visto retrasado ya que los populares olvidaron presentar los poderes notariales en un primer momento.

El Ministerio Fiscal estudia desde este jueves  si admite a trámite o no la querella interpuesta por el PP contra el juez Baltasar Garzón por prevaricación. Dicho estudio se ha visto retrasado ya que los populares olvidaron presentar los poderes notariales en un primer momento.

LD (Ángela Martialay) La Fiscalía estudia ya si debe admitir a trámite o no la querella interpuesta por el Partido Popular contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por prevaricación, según han informado fuentes del Tribunal Supremo, órgano judicial ante el que los populares presentaron dicha querella.

El Alto Tribunal ha dado trasladado este jueves al representante del Ministerio Público de la querella presentada ante la Sala de lo Penal por el PP el pasado 25 de febrero para que informe sobre la competencia de este Tribunal y el contenido de la querella.

Este traslado ha tenido lugar una vez que de los populares completasen los poderes notariales que olvidaron presentar en un primer momento y que son necesarios para tramitar la querella contra Garzón.

Prevaricación del juez

En dicha querella, el PP sostiene que Garzón debería haberse inhibido hace días de la operación Cacería ya que “el pasado 13 de febrero el propio Juez de Instrucción ya reconoce expresamente, y de forma no hipotética sino aseverativa, que existen aforados implicados, y que debe acordarse una inhibición a favor de los tribunales legalmente determinados para instruir y enjuiciar las causas que se refieren a aquellos”.

Por ello, el PP pide que el juez sea inhabilitado de su cargo por un tiempo de diez a veinte años. Según lo establecido en el artículo 446 del Código Penal el juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado (...) con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas”.

Con la querella, Garzón “ha cometido un delito de prevaricación al haber realizado actuaciones judiciales con plena consciencia de que carecía de competencia para instruir y, por ende, para mantener el conocimiento de dicho asunto” subrayan los populares.

El ponente designado por el Alto Tribunal para llevar a cabo este procedimiento ha sido el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra.

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