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La Junta conocía los "fondos de reptiles" y, cuando menos, los amparó sin denunciarlos

Hay ya algunas pruebas irrefutables de que no eran cuatro golfos los urdidores de la trama de los ERE.

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El ex consejero Fernández conocía al menos desde 2007 el manejo del «fondo de reptiles» porque un alcalde reclamó a la Junta  el pago de una subvención concedida de manera arbitraria. Pero no hizo nada.  Pero es, además, las consultoras y aseguradoras que actuaban como «mediadoras» en los ERE de empresas en crisis donde se han detectado irregularidades informaban a la Junta de Andalucía de todos sus movimientos. Tercero, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo autorizó la financiación pública de los ERE con los «intrusos» colocados entre los prejubilados con ayudas. Por último, está la firma de Griñán en las transferencias de fondos. Pues, aunque parezca mentira, la fiscalía Anticorrupción creada para casos como estos sigue sin intervenir.

El Mundo expone hoy la primera de las pruebas. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, agraciado él mismo con un ERE pagado con estos fondos, conocía al menos desde noviembre de 2007 el uso arbitrario que se venía haciendo del dinero destinado en los presupuestos a la 'Administración de las Relaciones Laborales'. Pero ni cesaron las irregularidades ni cesó el flujo irregular de dinero. Fernández no denunció a su director general, Javier Guerrero y lo mantuvo en el cargo.

Se sabe que lo supo por una carta del alcalde de El Pedroso, Manuel Meléndez (PA), en la que le reclamaba el pago de una subvención de 450.759 euros concedida en el año 2004 a la Sociedad de Desarrollo Local y que debía ser pagada con cargo a la partida presupuestaria que la Policía Judicial identifica con el «fondo de reptiles». El 7 de diciembre de 2007, el jefe de gabinete del consejero de Empleo, Antonio Sánchez Trujillo, dirigió una carta al alcalde de El Pedroso, en la que acusaba recibo del escrito anterior «y le informamos que hemos dado traslado del mismo a la Dirección General». La Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso asegura que nunca más se volvió a saber nada de la «subvención específica» concedida por Guerrero, quien había sido alcalde socialista de El Pedroso de 1995 a 1999.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) sin encontrar ninguna publicación de dicha concesión, tal y como marca la normativa de subvenciones ni la resolución de concesión contenía en ningún momento el número del expediente administrativo, lo que indica que éste no existía y que se trató de una medida arbitraria. El 27 de noviembre de 2007, vencido el periodo de pago de la ayuda, el consejero de Empleo recibió la carta en la que se le informaba de ello, con copia incluida de la resolución.

Las aseguradoras actuaban al dictado de la Junta, no por su cuenta.

Es la segunda de las pruebas. Las aseguradores no tenían potestad sobre la partida  '31L . Administración de Relaciones Laborales', la definida como «fondo de reptiles» por el ex director general Guerrero.

En el caso del ERE del restaurante Rio Grande de 2005, cuenta La Razón que el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero fue informado en todo momento por la consultora Vitalia Vida sobre los empleados incluidos en la regulación laboral y las condiciones económicas de su prejubilación.

Igualmente, la aseguradora Vitalia Vida no introdujo por su cuenta nombre alguno en Mercasevilla sino que, al menos en un caso comprobado, fue requerida para ello por el gerente de la entidad, el socialista Fernando Mellet.

La Junta firmó las relaciones fraudulentas, tras haberlas recibido

El 23 de noviembre de 2005, el director comercial de Vitalia, Antonio José Albarracín, remitía a Guerrero por correo electrónico la «carta de financiación de Río Grande, al objeto de que sea firmada por vosotros», adjuntando un listado de 13 trabajadores con especificaciones sobre su edad de prejubilación y el pago de sus retribuciones en cinco cuotas. En esa lista había dos "intrusas", Carmen Fontela, una de las personas identificadas por la Policía Judicial como «ajenas» a esta empresa, y María José de la Rosa Aparicio, también investigada porque su vida laboral en Río Grande comenzó dos meses antes de cumplir 65 años y resultó ser la adjudicataria de 150.000 euros.

Pero el ex director general de Trabajo dio y firmó ese mismo día, 23 de noviembre de 2005, la «conformidad» oficial de la Junta a la aseguradora Personal Life para financiar las pólizas de 13 ex trabajadores del restaurante, con el compromiso de abonar 664.092,93 euros en junio de 2006 y la misma cantidad al año siguiente.

Igualmente, el ex gerente del mercado central de abastos Mercasevilla, Fernando Mellet, solicitó a Vitalia Vida la inclusión de un tal Antonio Garrido Santoyo entre los prejubilados por «un compromiso ineludible», pero no lo hizo hasta que Garrido le comunicó personalmente que la Junta «autorizaba dicha póliza». ¿Quién la autorizó? Garrido resultó ser un entonces dirigente del PSOE de Baeza que jamás había trabajado en las instalaciones sevillanas.

Griñán y la firma de las cantidades

Podría ser la cuarta prueba o el cuarto indicio. El pasado viernes, Libertad Digital mostraba un documento en el que el propio presidente de la Junta y antes consejero de Economía y Hacienda, participaba oficialmente en esta ceremonia de la subvención irregular firmando el traspaso de cantidades a la agencia IDEA. Vean el documento: 

 

El PP andaluz ha revelado que fue el propio Griñán, como consejero de Economía, quien autorizó la transferencia a IDEA, antiguo IFA, de 410 millones de euros de los 645 de la Consejería de Empleo que constituyeron el "fondo de reptiles" utilizado para la trama de Expedientes de Regulación de Empleo irregulares. Concretamente los traspasos se hicieron entre los años 2005 a 2009, durante los cuales la Intervención General de Haciendo emitió tres informes que mostraban su disconformidad con el procedimiento.

El coordinador de área Económica del PP andaluz, Rafael Carmona, explicó que esas transferencias que debían ser usadas para gastos de explotación acabaron utilizándose como fondos para pagar prejubilaciones irregulares sin que hubiese ninguna orden que autorizara a ello. Además, señaló que si se revisa la memoria económica del IFA de esos años no hay referencia alguna a las ayudas para los ERE por lo que, a su juicio, se podría estar vulnerando la Ley General de Hacienda Pública.

Carmona ha asegurado que esto demuestra que Griñán y "toda la cúpula directiva del PSOE-A y de la Junta sabían perfectamente lo que estaba pasando y que se había instaurado un sistema para gastar hasta 646 millones sin ningún tipo de control, un fondo de reptiles oculto, sin una normativa reguladora y para utilizarlo a su antojo". Ya que, explicó, en las alegaciones que dice la Junta que presentó a los Informes del Control Financiero Permanente se impusieron, como dijo la consejera de Presidencia hace dos semanas "criterios políticos" sobre los "técnicos", y la decisión de continuar con las ayudas a través del "fondo de reptiles" fue de los responsables de Hacienda y Empleo.El PP llevará a la Junta a los tribunales si no remite al Parlamento la información sobre los ERE 20 Febrero 2011. Su presidente, Javier Arenas, advertía este fin de semana que la negativa a una Comisión de Investigación esta "hiriendo de muerte" al Parlamento y anuncia que cuando gobierne el PP no hará falta mayoría absoluta para poner en marcha estas comisiones.

Horizonte penal

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha anunciado que llevará al Gobierno andaluz ante los tribunales de Justicia en el caso de que no remita al Parlamento la información requerida en torno a las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Junta. "Todos estos informes están requeridos en el Parlamento, y no vamos a aceptar bajo ningún concepto el argumento del envío de esos informes a la autoridad judicial para tapar el ejercicio de control en" la Cámara andaluza, apuntó.

Arenas ha asegurado que, en este asunto, "responsabilidades políticas las hay y muy importantes", apuntando en este sentido tanto a Chaves como a Griñán, cuya "responsabilidad" consiste en "haber conocido los procedimientos que había en marcha y haberlos tapado", recordando que "la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tienen órdenes a través de las que regulan las ayudas a los trabajadores sometidos a ERE".

El presidente del PP andaluz ha presentado documentos en los que, a su juicio, "se pone de manifiesto cómo el resultante final de algunos ERE donde hay personas que no debieran estar tienen la firma de los responsables de la Junta". Además, ha explicado que "la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tienen órdenes a través de las que regulan las ayudas a los trabajadores sometidos a Expedientes de Regulación de Empleo", mientras en Andalucía "esas ayudas han sido ocultas, no las conocían las empresas", que tampoco conocían "el resultado final de la concesión".

"Aquí, esas ayudas han sido ocultas, no las conocían las empresas que, por supuesto, no conocían el resultado final de la concesión", según ha agregado el máximo dirigente popular andaluz, al tiempo que ha puesto de manifiesto que "hace falta que se expliquen muchas cosas, y sobre todo que no se hiera de muerte al Parlamento". "Estoy convencido de que, si no hay una comisión de investigación parlamentaria, se le está hiriendo de muerte".

En esta línea, Arenas ha anunciado que, "si llega el cambio, hay una cuestión muy clara, y es que con el Gobierno del cambio no hará falta una mayoría absoluta para que se hagan comisiones de investigación", recordando que "ya llevamos más de 15 años sin una sola comisión en el Parlamento andaluz".

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