LD (Ángela Martialay) La necesidad de modernizar la Administración de Justicia para conseguir un servicio público de calidad es una de las grandes cuentas pendientes de este Gobierno, una de las principales reivindicaciones de la Carrera Judicial y un asunto prioritario para el órgano de gobierno de los jueces. La imagen de la Justicia entre la opinión pública se deteriora de forma imparable.
Prueba de ello es que el número de quejas ciudadanas sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales españoles ha sufrido un incremento del 32 por ciento en 2008 respecto al año anterior. Dicho dato se desprende de la Memoria anual del Consejo General del Poder Judicial hecha pública esta martes.
Se consolida así, informe tras informe, la tendencia al incremento progresivo del número de quejas entre los usuarios del sistema judicial español. En total, el número de reclamaciones que la Unidad de Atención Ciudadana registró en 2008 ascendió a 21.972.
Procesos lentos y plantilla insuficiente
La lentitud de los procesos y la opinión negativa que los ciudadanos mantienen sobre la Administración de Justicia agrupan al 43,5% de los motivos de queja. En concreto, los tres principales motivos de reclamación esgrimidos son una vez más los tiempos de espera, la insuficiencia de la plantilla y la deficiencia de los horarios. Por jurisdicciones, los juzgados de lo Penal son los que mayor número de reclamaciones presentan, con un 25,8% de total. Les siguen los juzgados de lo Civil con 8,5% de protestas.
Por otro lado, las protestas sobre el funcionamiento de los registros civiles suponen ya el 52% de dichas reclamaciones.
Según explica el CGPJ "si dejamos al margen las quejas sobre los horarios de atención al público y la adecuación de las sedes judiciales, evidentemente ligados a la dotación de medios, personales o materiales, por las Administraciones competentes, el resto de los derechos pueden garantizarse mejor en la medida en que los órganos jurisdiccionales asuman que uno de los principales objetivos organizativos de las oficinas judiciales debe ser, precisamente, el cumplimiento de la Carta de Derechos (artículo 435.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)". Es decir, el Consejo aboga porque los jueces trabajen atendiendo a los "criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre Administraciones" que la Ley les exige como forma de mejorar el servicio público.
En lo referente a la territorialidad, Madrid fue en 2008 la comunidad autónoma que concentra el mayor porcentaje de quejas, con un 20,2%. De esta forma los madrileños suspenden por segundo año consecutivo a su Administración de Justicia. Le siguen en número de protestas ciudadanas Cataluña, Andalucía y Valencia.
Por otra parte, el pleno del CGPJ ha aprobado este martes un documento en sesión plenaria en el que se establecen las líneas básicas de actuación de este órgano en los próximos años. En este documento se esbozan las actuaciones prioritarias que el órgano de gobierno de los jueces pretender llevar a cabo para modernizar la Administración de Justicia. Se trata de avanzar en la mejora de la selección y formación de los miembros de la carrera judicial, elaborar un sistema de medición de cargas de trabajo de los órganos judiciales y dotar de la mayor transparencia y objetividad la provisión de destinos y los nombramientos.