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Capítulo ridículo en el caso de las facturas falsas, ahora "se duplicaban pero no se falsificaban"

Faltaba algo de humor en la ristra de chorizadas y corruptelas protagonizadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla desde hace diez años. Nos referimos hoy al caso Unidad, una Asociación de Vecinos donde ocurría de todo.

Josefa Prado, la famosa "Pepi" del documento,  fue receptora del famoso fax denunciado por el PP con las instrucciones para elaborar una factura falsa y guardar "el resto" del dinero en la caja fuerte de la entidad. Pero  ayer, la ex contable al servicio del PSOE, presionada por vaya usted a saber quién,  dijo no recordar quién le envió el documento, pese a que ella anotó en el mismo la expresión "factura pagada". Pero además confesó que las facturas se duplicaban para pedir subvenciones distintas por la misma tarea, pero que no se falsificaban. De Jaimito.

Vean el documento:

Este jueves, la Pepi declaró en el Juzgado de Instrucción que desconocía la procedencia del fax pese a admitir que ella misma anotó sobre él la expresión "factura pagada" sobre el folio. "No recuerdo nada de ese fax", se limitó a decir sobre el documento enviado a Unidad en abril de 2002 indicando que había que guardar "en la caja fuerte" el "resto", esto es, el dinero no declarado. Según ella, su trabajo se limitaba a recibir facturas y meterlas en el programa correspondiente. Según esgrimió ante el juez, en la fecha del fax llevaba poco tiempo como contable ("Fue al principio de empezar a trabajar y había mucha documentación..."), afirmando que nunca preparó sobres con dinero ni manejaba el efectivo, que siempre se encontraba en el interior de una caja fuerte a la que sólo accedían los directivos de la Federación, según el texto de su declaración como imputada. Señaló la ex trabajadora que "nunca recibía órdenes o instrucciones de ningún partido político" sobre el modo en el que elaborar supuestas facturas falsas. 

Y para terminar, aseguró al juez que "no puede haber dos facturas con el mismo número y que se refieran a gastos diferentes", negando la existencia de "facturas irreales o falsas", aunque sí que reconoció que "es posible que le hayan presentado una misma factura dirigida para la subvención del Ayuntamiento y otra igual para la subvención de la Diputación, y que se hayan podido contabilizar como dos programas diferentes". Se admitía, de esta forma, la duplicación de facturas para usarlas como justificantes de subvenciones desde dos administraciones distintas pese a ser un solo concepto el facturado. 

La otra declarante imputada, la ex administrativa Susana Delgado, admitió que en numerosas ocasiones llevó sobres cerrados al Grupo Socialista del Ayuntamiento, si bien dijo desconocer si contenían dinero. A preguntas de su defensa, concretó que también los llevó a otros grupos municipales, aunque nunca personalmente sino dejándolos en recepción, donde eran sellados. La operaria explicó al magistrado que "varias veces ha entregado sobres al grupo socialista, concretamente a la muchacha que estaba en la puerta".

En su anterior declaración judicial, la Pepi dijo que aparece manuscrito con su puño y letra la mención "factura pagada", si bien preguntada por la diferencia que hay en el fax entre el total de la factura y el concepto real, manifestó que "el gasto real podría ser el gasto imputable al programa que se estuviera realizando en ese momento", es decir, que la factura incluía el total del proyecto más los gastos relacionados con dicho programa. Esa es la justificación del desfase, que ella rubricó.

Además, dijo desconocer el significado de la expresión "preparar un sobre con 1.218,90 euros y mandar al Ayuntamiento con Susana", precisando que se referiría a "una conversación previa" que se habría tenido y "se trataría de llevar ese dinero a un miembro de la junta directiva que se encargaría de pagar a la empresa". El responsable de los dineros que se movían en la organización durante aquella etapa era Enrique Castaños.

En cuanto a la frase "el resto a caja fuerte", la contable sugirió al juez que se trataría de "un pago aplazado" y que luego se abonaría el resto, aunque admitió que esta práctica de pago no se realizaba normalmente en la entidad. La otra de las testigos, la auxiliar administrativo S. D. V. , "Susana", apuntó que su cometido era llevar documentación a los diferentes organismos públicos por lo que desconocía el contenido de los sobres. De esta manera, la declarante dijo no tener relación con ningún miembro del Grupo Municipal Socialista y que llevaba documentación a los diferentes grupos municipales. Aseguró que recibía órdenes de la contable, la trabajadora social y la asesora jurídica. 

Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad, facturas falsas en Sevilla y el entorno de Manuel Chaves

Hace ya unos años, 2006,  se produjo un primer caso de facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla. Se trataba de una factura falsa por cartelería. La facturación correspondía a una empresa donde aparecía como responsable Ángel Cervera Grajera, cargo de confianza "digital" de la alcaldía socialista (Alfredo Sánchez Monteseirín). Bien, pues dimitió. Pero ¿se acabó? NO.

Dimitió del Ayuntamiento pero fue contratado a continuación por la Diputación, regida por el asimismo socialista Fernando Rodríguez Villalobos, del cual era asesor personal. Y casi inmediatamente salieron otras facturas, igualmente sucias, en la Diputación y relacionadas con el mismo personaje, Cervera Grajera. 

Pero, ¿quién es este hombre? Pues un factótum menor de la oligarquía socialista sevillana y andaluza. Pero, vaya por Dios, es hermano de dos piezas de caza mayor, que trabajan ambos para…sí, para el señor Zarrías. El primero, José Manuel Cervera Grajera, antiguo comunista carrillista,  es director general de la Unidad de Coordinación y Estudios, ahora llamada al parecer dirección general de Estudios Andaluces. El segundo hermano, Enrique Jesús Cervera Grajera, es el hombre de confianza de Zarrías y Chaves en la comunicación y portavoz del gobierno que preside Manuel Chaves. Bien agarrado que está el “angelito”.

Pero aún hay más. La  esposa de Ángel Cervera Grajera, Ángeles Nevado Pineda, era la presidenta de una Asociación de Vecinos llamada "La Unidad" y de otras asociaciones de mujeres, que ha recibido numerosas subvenciones del Ayuntamiento(casi 500.000 euros desde 2000 a 2004) y de la Diputación y que, oh, sorpresa, también está implicada en casos de irregularidad. 
 
Contaba ABC hace unos meses: "Las irregularidades en la Federación de Asociaciones de Vecinos, Unidad, destapadas por ABC en las últimas semanas por el uso fraudulento de fondos municipales para el programa de charlas en institutos "Sociedad y movida" -subvencionado mediante convenio por el Ayuntamiento- han salpicado también a la Diputación Provincial, precisamente porque esas anomalías son sólo la punta del iceberg de toda una trama de pagos a la entidad vecinal sin justificación para poder así mantener una asociación politizada por el PSOE, partido en que militan casi todos sus directivos".

Y luego vino lo del fax y la Pepi.

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