L D (Europa Press) El acusado contó que las escuchas de teléfonos móviles entre 1983 y 1991 se hicieron al azar, "sin prever lo que se iba a encontrar", y como consecuencia del barrido que desde el CESID se hacía del "espectro radioeléctrico". Perote quiso dejar claro que "no existió nunca conciencia de ilegalidad de esa actividad", que recordó que el propio director del centro, que compareció en el otro juicio como imputado aunque en este sólo en calidad de testigo, fue el que defendió en el Congreso de los Diputados la legalidad de las escuchas.
Escuchas realizadas al Rey con escáneres "de 5.000 pesetas"
Sin embargo, el ex coronel señaló que la agrupación operativa que él dirigía "obtenía información por medios especiales a petición expresa de medios de inteligencia". Explicó asimismo que no eran "libres" de efectuar las grabaciones que quisieran, ya que todas respondían a una orden "concreta limitada en el tiempo y en el espacio". Estas grabaciones, según Perote eran analizadas más tarde por otras divisiones, aunque añadió que a él le daban cuenta de interceptaciones que tuvieran un "carácter delicado", como una interceptada al Rey.
Según expuso en el juicio, al conocer la existencia de esa grabación, se le pusieron "los pelos de punta", al tener en cuenta que esa escucha se había efectuado con un escáner "de 5.000 pesetas" y que, por tanto, cualquiera podía saber dónde estaba Don Juan Carlos. "Si ETA, que tenía escáneres, sabía dónde estaba el Rey... Estábamos en un sistema de penuria de seguridad", dijo Perote.
Ante un estadillo que reflejaba cintas con grabaciones a diversas personas (ministros, gente del ámbito bancario y periodistas), el ex coronel declaró que "nunca dio órdenes de conservar ninguna grabación" y que tampoco tuvo conocimiento de que se guardaran "grabaciones irrelevantes". Perote aseveró que lo que tenía ante sí no era más que un inventario de José Manuel Navarro Benavente (fallecido), que era quien efectuaba las grabaciones. El acusado seguía en la línea iniciada este lunes de descargar parte de la responsabilidad en el desaparecido comandante.
Juan Alberto Perote declaró que la única documentación que se llevó del CESID cuando cesó en 1991 fue un acuse de recibo sobre el envío de información a su superior sobre atentados inminentes en el sur de Francia de los GAL y una transcripción de una conversación de Enrique Rodríguez Galindo y el agente del CESID Pedro Gómez Nieto. Dichos documentos los aportó, según dijo, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por el "caso Lasa-Zabala" a petición del fiscal Jesús Santos y del presidente del tribunal, Siro García.
En otro momento de su extensa declaración ante el tribunal que le juzga por segunda vez por orden del Tribunal Constitucional, Perote indicó que el Gobierno conocía la actividad que desarrollaba el servicio de inteligencia y que "nunca hizo advertencia alguna" sobre su supuesta ilegalidad. El acusado sostuvo que el Ejecutivo "buscaba una culpabilidad" y que le señaló a él porque aportó documentos, que había sustraído del CESID, en el juicio de los GAL.
El ex coronel se escudó en que los servicios de inteligencia trabajan siempre en una línea en la que es "difícil de distinguir lo que es legítimo y lo que es legal", y reconoció que en "alguna ocasión" han podido incurrir en métodos ilegales para obtener información.
Otros testigos que antes estuvieron acusados
Este miércoles está previsto que declaren como testigos Emilio Alonso Manglano y los agentes del Gabinete de Escuchas Julio López Borrero y Juan Miguel Nieto Rodríguez. La retirada de todas las acusaciones privadas en el caso exculpa definitivamente a Manglano y a cinco agentes del Centro destinados en el Gabinete de Escuchas, desde donde presuntamente se grabaron ilegalmente conversaciones telefónicas privadas del Rey, políticos, periodistas y empresarios entre 1983 y 1991.
Ante el desistimiento de esas acusaciones, únicamente queda en pie el escrito de la Fiscalía, que sólo acusa a Perote, ex responsable de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, de quien dependía el Gabinete de Escuchas.
En la primera edición de este juicio, en mayo de 1999, la Audiencia de Madrid condenó a Manglano y Perote a seis meses de arresto y ocho años de inhabilitación; y a los agentes del Gabinete de Escuchas Julio López Borrero, Juan Miguel Nieto Rodríguez, José María Vida Molina, Visitación Patiño Galán y Francisco Vallejo Galán, a cuatro meses de prisión y seis años de inhabilitación. Les consideró responsables de un delito de interceptación ilegal de conversaciones telefónicas.