L D (Agencias) El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, acusó a PP y CiU de querer “sacar al Ministerio Fiscal de un terreno en el que ha dado muestras de su capacidad” en la investigación de delitos económicos, con la reforma del estatuto del organismo. En declaraciones a la Ser , el tío de la socialista Trinidad Jiménez y hermano de José Jiménez Villarejo, ex magistrado del Supremo, decisivo junto con Bacigalupo en el caso Gal , señaló que “las modificaciones de última hora” que el Gobierno ha incorporado en el texto de reforma del estatuto del Ministerio Fiscal, suponen “la neutralización de su capacidad de investigar” y la abocan a “su desaparición”.
La reforma, que está tramitándose en el Senado, incluye la propuesta de CiU de limitar a un máximo de seis meses la duración de las investigaciones abiertas en Fiscalía, y obliga al fiscal a informar al denunciado sobre sus indagaciones. Jiménez Villarejo considera que, con ello, “se aborta la posibilidad que el fiscal pueda cumplir” con la función de investigación “tan importante que ha representado hasta ahora respecto a la gran delincuencia, la delincuencia de cuello blanco”. El hecho de que el ministerio público deba informar al denunciado sobre todas las diligencias lleva a “una vía muerta cualquier investigación”, añadió el fiscal anticorrupción.
Las declaraciones de Villarejo son también una crítica al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, con quien mantiene continuas discrepancias y al que acusa de no defender al Ministerio fiscal. La Fiscalía que dirige, creada por Felipe González en su último año de legislatura, ha estado en varias ocasioens en el centro de la polémica. Una de las últimas veces, tras el intento de Villarejo de implicar al secretario de Estado de Hacienda, Rodríguez Ponga, en el caso de las cuentas secretas del BBV. Después de que maniobrara para que Garzón asumiera en exclusiva el caso, el magistrado tuvo que recordarle que carecía de pruebas para implicar a Ponga.
La reforma, que está tramitándose en el Senado, incluye la propuesta de CiU de limitar a un máximo de seis meses la duración de las investigaciones abiertas en Fiscalía, y obliga al fiscal a informar al denunciado sobre sus indagaciones. Jiménez Villarejo considera que, con ello, “se aborta la posibilidad que el fiscal pueda cumplir” con la función de investigación “tan importante que ha representado hasta ahora respecto a la gran delincuencia, la delincuencia de cuello blanco”. El hecho de que el ministerio público deba informar al denunciado sobre todas las diligencias lleva a “una vía muerta cualquier investigación”, añadió el fiscal anticorrupción.
Las declaraciones de Villarejo son también una crítica al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, con quien mantiene continuas discrepancias y al que acusa de no defender al Ministerio fiscal. La Fiscalía que dirige, creada por Felipe González en su último año de legislatura, ha estado en varias ocasioens en el centro de la polémica. Una de las últimas veces, tras el intento de Villarejo de implicar al secretario de Estado de Hacienda, Rodríguez Ponga, en el caso de las cuentas secretas del BBV. Después de que maniobrara para que Garzón asumiera en exclusiva el caso, el magistrado tuvo que recordarle que carecía de pruebas para implicar a Ponga.