LD (Pedro de Tena) El famoso fax fue enviado desde el Grupo municipal del PSOE y dirigido a «Pepi», que, según el PP, era una trabajadora de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad. En ese fax se especifica que ha existido un «gasto real de 814,30 euros», cantidad resultante de la suma de los albaranes de la papelería Copyur por artículos suministrados a estas asociaciones. Sin embargo, en el documento el importe de la factura «que nos expiden», la cantidad pasa a ser de 1.466,25 euros a lo que se suman 234,60 en concepto de IVA. De este modo, la cantidad total que paga el Consistorio es de 1.700,85 euros cuando debería ser únicamente de 814,30 euros. Esa factura fue pagada en 2002. El fax es el siguiente:
Asimismo, el auto dictado hace varios días y que este jueves destaca ABC, absuelve a los miembros del PP sevillano Juan Ignacio Zoido, Beltrán Pérez y Luis García Navarro -los dos primeros concejales en la capital- de un presunto delito de calumnias por el que los había denunciado el PSOE a raíz de ese caso del fax. La juez, de hecho, no aprecia, «ni siquiera indiciariamente, los elementos constitutivos del delito de calumnias», de ahí que proceda al sobreseimiento de las actuaciones.
Pero lo más destacado del auto, incluso más allá de la mera absolución de los responsables del PP que denunciaron una presunta trama de corrupción a raíz del documento, es el argumento usado por la magistrada para exculpar a los populares, en el que hace ver que «podría interpretarse» al leer el contenido del fax, que existen las irregularidades denunciadas por la oposición. "No es menos cierto, dice el auto, que del contenido del fax reproducido, que se corresponde con el auténtico, según el informe pericial, se deducen datos objetivos indicativos de la probabilidad de que los hechos imputados fueran ciertos».
El auto detalla que «podría interpretarse como instrucciones por parte del Grupo Socialista para elaborar facturas falsas o infladas, pues en dicho fax se recoge el importe de la factura y el gasto real, sensiblemente inferior al primero, y que lo anterior pudiera servir para la financiación ilegal de dicho grupo municipal, pues se indica en el fax que parte se envíe en un sobre al Ayuntamiento y el resto se meta en una caja fuerte». Por si esto fuera poco, la juez indica que «la destinataria del fax no ha podido dar en la testifical practicada una explicación coherente del contenido de dicho documento».
Primero, el PSOE puso en duda la autenticidad del documento, pero la Policía confirmó que el documento que el popular Juan Ignacio Zoido presentó al alcalde en el debate cara a cara en televisión en plenas elecciones municipales era auténtico y fue emitido desde el fax del Grupo Socialista en el Ayuntamiento a la Federación de Vecinos Unidad dándole instrucciones para inflar una factura y enviar parte del dinero a una sospechosa «caja fuerte».
Segundo, el PSOE tenía esperanzas en la declaración de la célebre Pepi, pero su declaración judicial le hizo un flaco favor. Pepi declaró que «varios miembros de la junta de la Federación pertenecían a entidades públicas» que el PSOE controlaba, usando los ejemplos de Carmen Peral o Ángeles Nevado en «Siglo XXI», dependiente de la Diputación y subrayó que recibió órdenes directas de los ex miembros de la directiva de Unidad Manuel Gómez Lobo y Ángeles Nevado, ambos claramente vinculados a la formación socialista Eso sí, esta trabajadora de la entidad vecinal señaló que nunca las recibió explícitamente del Grupo Municipal del PSOE.
Pepi, J. P. F., reconoció además que en el fax remitido al juzgado aparece manuscrito con su puño y letra la mención «factura pagada». Preguntada por la diferencia que hay en el fax entre el total de la factura y el concepto real, manifestó que «el gasto real podría ser el gasto imputable al programa que se estuviera realizando en ese momento», es decir, que la factura incluía el total del proyecto más los gastos relacionados con dicho programa y dijo desconocer el significado de la expresión «preparar un sobre con 1.218,90 euros y mandar al Ayuntamiento con Susana», precisando que se referiría a «una conversación previa» que se habría tenido y «se trataría de llevar ese dinero a un miembro de la junta directiva que se encargaría de pagar a la empresa».
El responsable del dinero que se movía en la organización durante aquella etapa era Enrique Castaños. En cuanto a la frase «el resto a caja fuerte», la contable sugirió al juez que se trataría de «un pago aplazado» y que luego se abonaría el resto, aunque admitió que esta práctica de pago no se realizaba normalmente en la entidad.