(Libertad Digital) En un documento al que ha tenido acceso la COPE se asegura que "diversas fuentes" pidieron al Ministerio de Defensa que aumentara las medidas de seguridad de las tropas justo antes de que tuvieron lugar el atentado terrorista del 25 de junio de 2007 contra los "cascos azules" y que se saldó con seis militares muertos y dos heridos. Las advertencias, dice la cadena, "no fueron atendidas". El texto dice que las actividades de los militares españoles incomodaban a los grupos cercanos a Hezbolá dedicados al tráfico de armas.
De acuerdo con la COPE, el texto, cuyo autor es un "general jefe de la Fuerza Ligera" y esta dirigido a los jefes de la Brigada Paracaidista y la Brigada de Infanteria Ligera Aerotransportada, destaca que antes del atentado terrorista se recibieron varios avisos de que había "una amenaza real de ataque contra las tropas españolas en el Líbano". Las amenazas, continúa la emisora, respondían "a que no gustaba" a diversos grupos próximos a los terroristas de Hezbolá dedicados al tráfico de armas, la actividad que realizaban los "cascos azules" en el sur del territorio libanés.
El informe explica que las actividades ilícitas fueron hechas públicas después de que una patrulla militar española difundiera unas fotografías como prueba. El descubrimiento dio lugar a un "incidente" en el pueblo de Quiam. Tras el suceso, al parecer, los máximos responsables de Hezbolá en la zona se reunieron y discutieron lo incomoda que "estaba resultando la actividad" de los militares españoles. En el conclave, los jefes terroristas acordaron que iban a dejar actuar a nuestros soldados "hasta cierto límite".
La COPE menciona que entonces, uno de los jefes asistentes a la reunión acudió personalmente ante un destacamento del Ejército libanés para "alertar de una posible acción contra las tropas españolas". A pesar de esas advertencias, apunta la emisora, "no se hizo nada".
Explica la emisora que el "propio alcalde Quiam" habría dicho que si los españoles "continuaban con la misma actitud en relación con el tráfico de armas no se hacía responsable de las posibles represalias". El informe, entonces, indica que los altos mandos militares no tomaron medidas de seguridad como la restricción de movimientos con vehículos. Tras el atentado, las precauciones aumentaron: restricción de movimientos, cascos y chalecos antifragmentos en el personal de los blindados que, a su vez, comenzaron a llevar escolta.