L D (R. Vilas) Este martes dos noticias casi simultaneas sobre el Congreso de Valencia han retratado a un partido, a sólo tres días de que comience el cónclave, en una situación que roza lo absurdo .
Por un lado, Alejo Vidal Quadras ha anunciado que la esencia de las enmiendas que presentó junto a Santiago Abascal y otros compromisarios han sido aceptadas por la dirección el partido que las ha incorporado a la ponencia política. Esto supondría que el PP fija como prioridades de su actuación política la "necesidad de una reforma constitucional que fortalezca el Estado y cohesione la Nación, así como de una nueva estrategia de pactos en virtud de la cual el Partido Popular buscará de manera preferente la estabilidad parlamentaria tanto a nivel nacional como autonómico mediante acuerdos con el PSOE y no con los nacionalistas".
Horas después, María San Gil anunciaba que no acudirá al Congreso de Valencia. San Gil se vio forzada a dejar la primera línea política por las presiones que sufrió durante la redacción de la ponencia política para moderar los mensajes que podían incomodar a los nacionalistas. El diputado José María Lassalle, jefe de gabinete de Mariano Rajoy, llegó a discutirle hasta el concepto mismo de nación. Y eso que la parte que redactó se refería básicamente a lucha antiterrorista. Tras el portazo de San Gil, la estrategia que siguió Génova fue mantener tal cual la ponencia, con las aportaciones de San Gil, y negar la existencia de esas presiones, para intentar desacreditar a la presidenta del PP vasco.
Ahora nos encontramos con que la dirección del PP ha decidido incorporar en los 66 primeros artículos de la ponencia política que se someterá a votación en el Congreso unas enmiendas que van más allá de los planteamientos que provocaron el choque de San Gil con Lassalle. Esto artículos suponen, según palabras del propio Vidal Quadras, "un cambio fundamental en nuestra línea política respecto a lo que ha venido siendo habitual desde la Transición". Por ejemplo propone que la Constitución reconozca el derecho de los padres a elegir la lengua de escolarización de sus hijos, la reforma del sistema electoral para reducir la influencia de los nacionalismos y la eliminación de la posibilidad de que el Estado transfiera competencias exclusivas a través del artículo 150.2 de la Constitución.
Podría pensarse que, en términos psiquiátricos, estamos ante una esquizofrenia política o un trastorno de doble personalidad. Pero conocida la estrategia seguida con San Gil es lícito poner en duda la sinceridad de esta presunta rectificación. De hecho, hasta ahora nadie de la dirección del PP, empezando por Rajoy, ha explicado claramente en que consistes esos cambios a los que se refieren constantemente para lograr un mayor apoyo electoral en el País Vasco y Cataluña. Parece más verosímil que en Génova hayan decidido huir de un debate incómodo que podría empañar la unanimidad búlgara con la que pretenden restañar la maltrecha figura del líder. El sociólogo Pedro Arriola, a la sazón asesor áulico de Rajoy, tan aficionado a las encuestas debe tener muy en cuenta que el subidón espectacular de Rosa Díez y su UPyD se debe a la claridad de su discurso frente al nacionalismo.
Los estatutos del PP establecen que la ponencia política aprobada en los congresos debe marcar la línea del partido hasta la celebración de un nuevo congreso. De aprobarse, como dice Vidal Quadras, "todo el partido desde el presidente al último militante deberá ser consecuente con su contenido y sus objetivos". Lo que no está tan claro es que existan los mecanismos de control interno necesarios para impedir que la práctica política convierta el texto en papel mojado. Si algo ha quedado claro en este proceso precongresual es el enorme déficit en la democracia interna popular.
Más allá de estas consideraciones, si, de verdad, la enmienda Vidal Quadras va a marcar el rumbo: ¿Por qué entonces la defenestración de San Gil y la operación Basagoiti? Pronto lo veremos.