L D (EFE) En todo los casos se incluye la exigencia del depósito de copias auténticas en el Archivo de Salamanca y la garantía de conservación y plena accesibilidad de los originales. La Comisión recomienda la transformación del Archivo de la Guerra Civil y la Represión (el Archivo de Salamanca), para lo que cree conveniente la devolución de los documentos que en diferentes momentos salieron de la Delegación Nacional de Servicios Documentales de Presidencia de Gobierno.
Fundamentalmente, continua el informe, los que pudieron salir de Salamanca para la formación de la Causa General y los enviados al Archivo de la Guerra de Liberación y al Servicio Histórico Militar. El Archivo también debería concentrar las causas vistas en los consejos de guerra, derivadas del conflicto civil iniciado en 1936 y hoy dispersas en muy diversas instalaciones, en general militares, almacenadas en condiciones no siempre adecuadas y de difícil acceso para el público, agrega el informe.
Aconseja la obtención de copias digitalizadas de toda la documentación relacionada con el Archivo, tanto en España como en el extranjero, para identificarlas y describirlas de manera precisa e integrar estas referencias en un sistema de información con acceso nacional e internacional. La Comisión recomienda la puesta en marcha de proyectos de historia oral, para preservar lo que aún hoy es posible y dotar al Archivo con los medios precisos necesarios para su expansión (personal, equipamiento y edificio) y para la realización correcta de sus funciones.
Fundamentalmente, continua el informe, los que pudieron salir de Salamanca para la formación de la Causa General y los enviados al Archivo de la Guerra de Liberación y al Servicio Histórico Militar. El Archivo también debería concentrar las causas vistas en los consejos de guerra, derivadas del conflicto civil iniciado en 1936 y hoy dispersas en muy diversas instalaciones, en general militares, almacenadas en condiciones no siempre adecuadas y de difícil acceso para el público, agrega el informe.
Aconseja la obtención de copias digitalizadas de toda la documentación relacionada con el Archivo, tanto en España como en el extranjero, para identificarlas y describirlas de manera precisa e integrar estas referencias en un sistema de información con acceso nacional e internacional. La Comisión recomienda la puesta en marcha de proyectos de historia oral, para preservar lo que aún hoy es posible y dotar al Archivo con los medios precisos necesarios para su expansión (personal, equipamiento y edificio) y para la realización correcta de sus funciones.
Custodia, conservación y accesibilidad
Considera que "la prioridad absoluta" en cuanto a la reclamación de devolución de los documentos incautados a la Generalidad es la custodia de los documentos históricos y su adecuada conservación, descripción y accesibilidad, tanto para los ciudadanos interesados en la defensa de sus derechos como para los historiadores. En su opinión, ello no depende tanto de la localización física de los documentos como de las condiciones de uso de la información en ellos contenida.
"No tenemos ante nosotros -precisan los expertos- un debate sobre reparto de competencias en materia archivística entre el Estado y las comunidades autónomas y, por encima de todo, debe evitarse que se convierta en motivo de confrontación entre instituciones, y más aún entre los ciudadanos pertenecientes a las mismas". Para la Comisión, los principios que deben guiar la resolución del conflicto son la condena de las incautaciones de documentos con finalidad represiva y el derecho a la reparación del atropello.
La salvaguarda de los derechos de las víctimas de la represión política que hoy usan esa documentación para fines de reparación y la protección de los bienes culturales hoy concentrados en el Archivo General de la Guerra Civil son otros de los principios. Mayor Zaragoza precisó que la parte de la documentación que reclama la Generalidad "está perfectamente identificada" y separada, si bien añadió que con otros documentos que, previsiblemente, también serán reclamados por personas privadas, sindicatos, partidos políticos y otras instituciones "no va a ser nada fácil". La parte de la Generalidad está contenida en 507 cajas de las 20.000 que tiene el Archivo.
Mayor Zaragoza declinó opinar sobre las medidas especiales de protección del Archivo aprobadas ayer por el Parlamento de Castilla y León, para evitar la salida de documentos, y consideró que ello "es competencia ministerial".
Joan Rigoll, miembro de la Comisión y presidente de la Comisión por la Dignidad -iniciativa ciudadana que reclama la devolución a Cataluña de la documentación incautada-, aseguró que la Generalitat tiene la voluntad de hacer copia de lo que se le envíe y de aportar esos documentos a Salamanca.
Considera que "la prioridad absoluta" en cuanto a la reclamación de devolución de los documentos incautados a la Generalidad es la custodia de los documentos históricos y su adecuada conservación, descripción y accesibilidad, tanto para los ciudadanos interesados en la defensa de sus derechos como para los historiadores. En su opinión, ello no depende tanto de la localización física de los documentos como de las condiciones de uso de la información en ellos contenida.
"No tenemos ante nosotros -precisan los expertos- un debate sobre reparto de competencias en materia archivística entre el Estado y las comunidades autónomas y, por encima de todo, debe evitarse que se convierta en motivo de confrontación entre instituciones, y más aún entre los ciudadanos pertenecientes a las mismas". Para la Comisión, los principios que deben guiar la resolución del conflicto son la condena de las incautaciones de documentos con finalidad represiva y el derecho a la reparación del atropello.
La salvaguarda de los derechos de las víctimas de la represión política que hoy usan esa documentación para fines de reparación y la protección de los bienes culturales hoy concentrados en el Archivo General de la Guerra Civil son otros de los principios. Mayor Zaragoza precisó que la parte de la documentación que reclama la Generalidad "está perfectamente identificada" y separada, si bien añadió que con otros documentos que, previsiblemente, también serán reclamados por personas privadas, sindicatos, partidos políticos y otras instituciones "no va a ser nada fácil". La parte de la Generalidad está contenida en 507 cajas de las 20.000 que tiene el Archivo.
Mayor Zaragoza declinó opinar sobre las medidas especiales de protección del Archivo aprobadas ayer por el Parlamento de Castilla y León, para evitar la salida de documentos, y consideró que ello "es competencia ministerial".
Joan Rigoll, miembro de la Comisión y presidente de la Comisión por la Dignidad -iniciativa ciudadana que reclama la devolución a Cataluña de la documentación incautada-, aseguró que la Generalitat tiene la voluntad de hacer copia de lo que se le envíe y de aportar esos documentos a Salamanca.